La polémica en torno a la convocatoria a elecciones para una Convención Constituyente está tomando una escalada institucional sin precedentes en la historia de la provincia.

En las dos presentaciones judiciales que se hicieron ante el Superior Tribunal de Justicia para suspender las elecciones, una de un abogado riograndense planteaba además la posibilidad de que hubiera sido “truchada” la fecha del decreto 1656/24 de convocatoria.

Esa situación hipotética planteada por el denunciante fue tomada por el Superior Tribunal de Justicia y girada al juzgado penal de turno al momento de la firma del decreto, el 25 de julio pasado, entendiendo que se planteaba la existencia de un delito.

Esta mañana el juzgado de instrucción 1 a cargo del Dr. Sergio Pepe emitió una orden de allanamiento para la Casa de Gobierno valiéndose de la Gendarmería Nacional en orden a la investigación por el presunto delito de “falsificación de instrumento público”.

En ese sentido se utilizó personal de esta fuerza federal para sacar de en medio a la Policía Provincial, por lo que se procedió a incautar los equipos informáticos del área de Despacho de Casa de Gobierno, donde se rubricó y redactó el decreto.

La medida resultó sorpresiva y chocante por las implicancias institucionales que tiene una medida de este tipo que pudo zanjarse con una orden de presentación, optándose por una via de mayor impacto público.

Desde Gobierno emitirán un comunicado al respecto, a la vez que solicitarán celeridad a la Justicia en el análisis de los equipos informáticos en razón de que ha quedado paralizada la actividad de despacho de Casa de Gobierno a partir de esta medida.