El Juez Federal, Federico Calvete, explicó por qué dictaminó que no hubo trata de persona en el operativo que se realizó en Río Grande en el cual encontraron nueves mujeres. “Se tiene que dar no solamente una explotación económica sino también una serie de situaciones que hacen a la trata en sí, a todo lo que se refiere el Código Penal en el artículo 145 bis en cuanto al tema del traslado, ofrecimiento, recibimiento, acogimientos”.
Calvete puntualizó que “desde hace mucho existen delitos vinculados al tema de la prostitución. La prostitución no se pena sino que se pena a aquellas personas que puedan beneficiarse con el ejercicio de las mujeres”.

En ese sentido contextualizó en FM Del Pueblo que “han salido distintas leyes, como la Ley de profilaxis anti venera que se ocupaba de las casas de tolerancia y luego el Código Penal introdujo una series de figura que hacían el proxenetismo”.

Explicó que “la Argentina estableció distintos tratados internacionales en lo que hace a la trata de persona con fines económicos que son sexuales o laborales, en el caso del delito de trata de persona que es un delito federal, se tiene que dar no solamente una explotación económica sino también una serie de situaciones que hacen a la trata en si, a todo lo que se refiere el Código Penal en el artículo 145 bis en cuanto al tema del traslado, ofrecimiento, recibimiento, acogimientos”.
Tras eso indicó que “más allá de que la persona tenga o no la voluntad de ejercer la prostitución si hay alguien que se aprovechó y obtuvo un beneficio económico y lo hizo a través de una serie acciones como por ejemplo trasladarla de otro lugar del país y otras cosas que hacen a la trata, en ese casi si es trata”.

“En los casos de Ushuaia del Black and White, Candilejas y Sheik, se trabajó y se cerraron esos lugar de hecho el Juzgado Federal fue el que promovió ante la Legislatura las leyes que permitían esta situación” ejemplificó Calvete.

El Juez explicó que “apenas se hace un allanamiento se convoca a un grupo de personas que están especializadas en la cuestión que es el grupo de rescate en este caso pertenece al gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, hay otros grupos que son del Ministerio de Justicia, estas personas se encargan de llevarse a las víctimas, les hacen una evaluación, hablan con cada una de ellas, establecen la situación económica, familiar, etc”.
Agregó que “no es el hecho de que si ellas se consideran o no víctimas, porque ellas pueden no considerarse víctimas y serlo”.

Posteriormente “nos hacen un informe donde nos indican si hay o no hay trata de persona o se trata de un caso de explotación económica que genera otra investigación”.

Para finalizar reiteró que “la competencia del delito de trata es una cuestión federal” si la investigación llega al justicia provincial “no cambia en nada”.