La secretaria de Discapacidad de la CTA Autónoma, Diana Román, habló sobre los inconvenientes que está generando la Ley Nº 1072. Esta ley impide a los beneficiarios RUPE permanecer en la obra social del Estado a aquellos que figuren como afiliados a otra obra social o prepaga. Román remarcó que se les comunicó a los funcionarios provinciales “que esta ley desliga de responsabilidad al Estado de hacerse cargo”.
En diálogo con El Cronista Urbano Román recordó que “habíamos logrado una prórroga para aquellos que figuran con otra social además de IPAUSS para tramitar el alta y ser recibido en otra obra social o tramitar la baja para que figure en el padrón RUPE”.
En ese sentido puntualizó que “se logró que se corran 90 días desde la fecha de notificación y pretendíamos que en ese tiempo se trate en la Legislatura los proyectos de ley para modificar la ley o dejarla sin efecto pero se dilataron los tiempos y comenzaron a darse las bajas”.
Pese a esto, lamentó que hoy “nos encontramos con lo que no queríamos, hay gente que figura con una obra social y no la tiene o la obra social que tiene no funciona en la provincia, por ejemplo tenemos el caso de un joven que su mamá vive en Ushuaia y su papá en Bs As, automáticamente figura con la mutual PUCO, que acá no funciona e IPAUSS le dio la baja, tenemos varios casos así ”.