Este miércoles el Colegio Público de Abogados dirime en elección la futura comisión directiva. El oficialismo plantea lista encabezada por el Dr. Fernando Lapadula. La oposición está encabezada por el Dr. José Rodas, quien criticó duramente la actual conducción de “ineficiente”. A la par de esto se conoció que el candidato Rodas es investigado desde la Justicia Federal por la presunta tenencia de un “privado”.
La elección del Colegio de Abogados de Río Grande presenta un panorama caldeado como pocas veces se ha visto, con las candidaturas de dos listas que pugnarán en las urnas este miércoles de 8 a 14 horas.
Por la continuidad de la actual gestión, con la Lista Celeste y Blanca se presenta el Dr. Fernando Lapadula como Presidente y Miguel Ayunes como Vice, mientras surge una alternativa con la lista Honestidad y Trabajo del Dr. José Rodas Fernández, quien se vuelve a candidatear sostenido desde el clan Loffler y en una lista donde figuran referentes ligados al mopofismo.
La elección que en esta oportunidad tiene 206 letrados empadronados en condiciones de sufragar, suele ser tranquila, pero en esta oportunidad el clima se caldeó mediáticamente con críticas e incluso una causa judicial federal que empaña a uno de los candidatos.
En las últimas horas el Dr. Rodas cuestionó duramente a la actual conducción a la que tildó de “ineficiente” y señalando que el colegio es más “un centro de fotocopiado” en declaraciones que sonaron fuerte en el ámbito de los letrados.
Una causa de larga data
El clima electoral tomará temperatura a partir de una causa judicial Federal sobre la cual ActualidadTDF pudo conocer se investiga nada menos que al candidato José Rodas, en una situación ajena a la compulsa electoral ya que el caso registra un largo tiempo de trámite.
La causa se inicia a partir de desprendimientos de otros casos que investigaban cuestiones como “lavado de dinero” o “trata de personas”, en las que distintas averiguaciones e incluso escuchas telefónicas, terminaron desviando lo mirada hacia el abogado Rodas.
Esas causas siguieron su trámite en forma paralela, pero el fiscal federal Marcelo Rapoport, ante diversas cuestiones evidentes, requirió una investigación por presunto “lavado de activos” contra el letrado en razón de que se le adjudicaron varios inmuebles.
Las investigaciones en causas de trata de personas, como la del local “Korothey” determinaron que en un caso particular, en un domicilio de calle Obligado, distintas mujeres ejercían la prostitución, y una averiguación de dominio determinó la titularidad de Rodas sobre el mismo.
De igual modo ocurrió con un inmueble de calle Alberdi, respecto de los cuales el fiscal federal solicitó allanamientos y el decomiso de los mismos.
Extrañamente la Justicia Federal nunca autorizó allanar los lugares, a pesar de la prueba recogida en tareas de inteligencia desarrolladas por Gendarmería, y el fiscal apeló esa decisión por lo que la causa actualmente se encuentra en Cámara de Apelaciones en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
