Los gremios convocaron a la medida de fuerza para concurrir mañana jueves a la sesión de la Legislatura provincial, donde volverán a exigir la derogación de las normas sancionadas en enero, que reformaron el régimen previsional. El legislador provincial de la UCR, Pablo Blanco, admitió que habrá un “fuerte operativo de seguridad” alrededor del recinto legislativo en Ushuaia.

El subsecretario de Asuntos Gremiales de la provincia, José Luis Álvarez, afirmó que el paro es “ilegal” porque “no fue convocado por un gremio con personería jurídica como indica un reciente fallo de la Corte Suprema”, y advirtió que podría haber “sanciones disciplinarias” para quienes se plieguen a la protesta.

Sin embargo, la conducción del gremio educativo (Sutef) y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) replicó que “la huelga es completamente legal” y difundió un escrito con argumentos jurídicos elaborado por abogados de ambas organizaciones.

“Lo que existe es una intencionalidad por parte del gobierno de amedrentar a los trabajadores para que no adhieran a una convocatoria completamente legítima y, por sobre todas las cosas, democrática”, dijeron los sindicatos.

También calificaron las declaraciones de los funcionarios de “dictatoriales” y sostuvieron que buscan “estigmatizar y perseguir a quienes manifiesten su disconformidad con las medidas antipopulares y atentatorias a la clase trabajadora”.

Por su parte los legisladores provinciales ratificaron que la sesión prevista para mañana “se va a realizar” a pesar de la protesta, luego de que el temor a incidentes hiciera circular versiones sobre una posible suspensión.

El legislador provincial de la UCR, Pablo Blanco, admitió que habrá un “fuerte operativo de seguridad” alrededor del recinto legislativo en Ushuaia.

“Vamos a tratar más de 200 asuntos pendientes pero ninguno vinculado con la reforma jubilatoria”, señaló Blanco.

La Legislatura no sesionó todavía en lo que va del año, ya que después de la apertura formal de sesiones realizada el 1 de marzo, con el discurso de la gobernadora Rosana Bertone, se desató el conflicto que todavía continúa.