Es el primer precedente que lo dictó en las últimas horas la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Provincial.
Se trata del caso de Javier Vazquez empleado municipal con una discapacidad que veía afectado el 100% de su salario y el 52% del total de los ingresos familiares con la cuota del crédito de actualización UVA.
Un fallo de primera instancia del juez Pablo Bozzi quien había asegurado que no encontraba vulnerado derecho alguno en este caso particular cuando la defensa de Vazquez, representado por el estudio Rubio y Asociados, solicitó una medida cautelar para poner un tope a los descuentos que evidentemente afectaban al carácter alimentario de sus haberes.
La apelación encontró una acogida favorable en los jueces Francisco Capellotti con la adhesión unánime de los camaristas Daniel Satini y Luciana Gutiérrez.
Resolvieron revocar el fallo de Bozzi y hacer lugar a la medida cautelar, ordenando limitar el monto de las cuotas al 35% de los ingresos familiares.
La resolución pone de relieve el importante déficit habitacional y escaso ahorro en moneda doméstica, como asimismo las diversas disposiciones constitucionales y los Tratados con jerarquía constitucional que obligan al estado a adoptar “medidas de acción positiva” en defensa de la vivienda familiar.
La familia Vazquez en su presentación detallaron que al inicio del crédito este insumia un 13,85% de sus ingresos lo que en la actualidad alcanzaba el 52,84%. De 3 millones de pesos solicitados hoy adeudan, tras pagar mas de 4 años, un total de $19.363.034, al momento de plantear la demanda, es decir, el 645,43% más de la suma recibida.
La medida es una luz de esperanza para centenares de afectados que aguardan de la Justicia ahora una resolución de la cuestión de fondo, lo cual depende de jueces de primera instancia que no vieron lesionado derecho alguno en este caso en particular.