La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció este jueves cómo será el protocolo que aplicará el gobierno para impedir los piquetes y/o las manifestaciones con cortes de calle que bloqueen la circulación de los ciudadanos que no sean parte de las protestas.
Según explicó Bullrich en conferencia de prensa, las cuatro fuerzas federales – Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) – estarán habilitadas por la nueva disposición para intervenir en caso de bloqueo de caminos, piquetes o protestas que obstaculicen, total o parcialmente, la circulación del resto de los ciudadanos. A los integrantes de las citadas fuerzas se sumarán los miembros del Servicio Penitenciario Federal.
La ministra de Seguridad pidió además que las provincias, con las fuerzas locales, se sumen a la aplicación del nuevo protocolo.
Como primera medida, la orden del ministerio es que los agentes intervengan directamente, respaldados por las nuevas disposiciones, cada vez que algún ciudadano, por el motivo que sea, no permita que el resto circule. “Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes, si hay un delito infraganti, de acuerdo a la ley de flagrancia”, informó la funcionaria. Además, adelantó que planean mandar una ley al Congreso que consolide las nuevas reglas.
“Se empleará la fuerza suficiente y será graduada en función de la resistencia”. alertó Bullrich. Así, la ministra reforzó el mensaje a las organizaciones que suelen protestar generando caos en el tránsito: esa modalidad de reclamo será combatida con la fuerza.
Según explicó la ministra de Seguridad, la intervención de los agentes se organizará de acuerdo la zona de conflicto. Habrá sitios en los que intervengan las fuerzas federales y otros donde actúen los gobiernos locales. El protocolo busca coordinar el plan, para que toda la vía pública está custodiada ante las protestas.
“Por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura las organizaciones o a los individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones”, dijo Bullrich.