Esta semana se realizó una nueva comisión en el Senado, de la cual surgió un dictamen de comisión que la próxima semana será llevado a la cámara y podría poner punto final al suplicio de los más de 100 mil damnificados por esta línea de créditos.
Para este encuentro estuvo presente nuevamente ante los senadores el abogado riograndense, Cristian Rubio, cuyo planteo en los tribunales fueguinos ante la problemática, serviría como base para corregir este desfasaje que perjudica a los deudores tornando impagables los créditos.
“La controversia más notoria de los Créditos UVA reside en la asimetría económica y jurídica que instaura entre deudores y entidades bancarias. Mientras a los tomadores se les prohíbe terminantemente indexar sus ingresos, las deudas ante los bancos están exceptuadas y se benefician de la indexación”, plantea en el plano de desigualdad entre las partes.
Allí planteó el ejemplo de una docente riograndense que al no calificar para créditos convencionales llegó a un crédito UVA y “al tomar el cédito la relación cuota-ingreso era del 22.25% y parecía viable, en poco más de tres años la cuota superó sus ingresos totales arrastrándola a una situación de insolvencia”.
Rubio planteó nuevamente “esta paradoja pone en duda la eficacia del sistema UVA para cumplir su misión de facilitar el acceso a la vivienda y mejorar el bienestar de la población”, dijo, agregando que “la reaparición de esquemas indexatorios como los créditos UVA en un contexto inflacionario plantea el riesgo de desencadenar una espiral hiperinflacionaria”.
Precisamente este último punto fue vital para la voluntad política de los senadores que agregaron retoques a la ley llegada desde diputados.
¿Qué dice la nueva ley que se espera aprobar?
El nuevo dictamen retrotrae el capital de los préstamos a su valor en agosto del 2019 y establece un nuevo sistema de ajuste -atada al índice de salario del INDEC- más un interés del 3,5% nominal anual, dejando sin efecto las anteriores cláusulas.
El recálculo de las entidades financieras deberá contemplar el período desde el 1° de septiembre del 2023 y no a partir de la eventual puesta en vigencia de la norma.
Además, se suspenden los juicios de desalojos por un año y la relación cuota-ingreso no puede representar más del 30% de los ingresos declarados por los nuevos tomadores. En caso de que eso suceda, se deberá establecer un acuerdo con las entidades bancaria.
