La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que alberga a CityBus y otras empresas de colectivos de todo el país, advirtió que el boleto básico para usar el transporte público en el interior del país debe arrancar en $700.

«Los usuarios de Rosario, Tucumán, Santa Fe, Misiones, Formosa, Entre Ríos, Chaco, Bariloche, Jujuy, Santiago del Estero, San Nicolás, Bahía Blanca, Santa Cruz, Tierra del Fuego, entre otras provincias y localidades, ya han sufrido las consecuencias de la inacción de las autoridades nacionales, provinciales y municipales», expresaron los empresarios en un comunicado.

Los privados acusaron a los funcionarios de los distintos niveles por su falta de soluciones «a pesar de la responsabilidad contractual y social que les cabe en materia de transporte público de pasajeros urbanos».

El estado de situación del sistema ya experimenta «perniciosas consecuencias que hemos advertido reiteradamente y han perjudicado la vida diaria de millones de ciudadanos», observaron los concesionarios. Y señalaron que «muy próximamente» afectará el trabajo de miles de empleados en la prestación de los servicios y «la desaparición del capital de las empresas prestadoras».

FATAP mencionó que el Estado nacional, los gobiernos provinciales y los municipios son los titulares de los servicios y los «garantes de su sustentabilidad», motivo por el cual «no pueden eludir sus responsabilidades ante los usuarios, las prestadoras y los trabajadores». Sin embargo, las empresas cuestionan que «persisten en una actitud que soslaya la realidad de los costos del sistema por ellos diseñado y configura una lamentable deserción estatal».

Ante este cuadro de situación, la Federación de empresas expone «a la discusión pública» que los gobiernos y poderes concedentes deben establecer una tarifa base para los servicios de transporte de pasajeros urbanos por colectivos del interior del país de $700.

De no avanzarse en este incremento, la FATAP ha recomendado a sus afiliadas «no prestar servicios en la medida de aquella tarifa no sea analizada, reconocida y aprobada» por las autoridades competentes. Así buscan «evitar que mientras estas mantienen una actitud abúlica y prescindente, nuestro sector desaparezca definitivamente».