Fue la afirmación de Laura Montes, quien se encuentra a cargo del IPVyH y el pasado fin de semana comenzó a hacer un relevamiento en las 120 viviendas de ATE luego de la finalización del fideicomiso.
Muchos de las viviendas no se encontraban ocupadas y al mismo tiempo se comenzaron a investigar casos de ocupación irregular.
«El sábado hicimos un relevamiento en las 120 viviendas de ATE porque finalizó el fideicomiso y queremos saber quienes de los iniciales ocupantes todavía están viviendo para hacer la actualización de precios y los nuevos contratos», explicó la funcionaria en diálogo con Aire Libre FM.
Al mismo tiempo, indicó «teníamos conocimiento que no todas las viviendas estaban ocupadas y el sábado sin previo aviso nos acercamos para ver la situación. De las personas relevadas cuatro de ellas nos comentaron que no eran los propietarios y el resto no nos atendió».
Respecto a una posible transacción con estos inmuebles señaló, «hay una señora que estaría queriendo estafar a un posible comprador porque la vivienda no le pertenece, nadie nunca pagó ninguna cuota. Por eso pretendemos regularizar la situación. Las 120 viviendas de ATE no se pueden comercializar porque son de carácter social».