La situación carcelaria en la provincia se encuentra en una importante crisis, esto de manera inminente lleva a que se produzcan hechos de violencia como los que ocurrieron en la Unidad de Detención. En uno de estos, un preso que le clavó un tenedor a una mujer fue golpeado de manera salvaje por los demás internos.

Este ataque motivó que la víctima fuera hospitalizada con un estado delicado, pero al recuperarse le dieron el alta y volvió a la Unidad Carcelaria donde la convivencia es totalmente problemática, sin embargo la jueza a cargo del preso pidió que se vea el estado de salud del mismo al considerar que no estaba en condiciones de regresar a ese lugar.

Por otro lado, en la Casa de Pre Egreso también se produjo un hecho de violencia donde Miguel Percello golpeó a Lucas Ezequiel Villalobos, quien cumple una condena por Violencia de Género e intento de homicidio.

Reclamo de Derechos Humanos

Desde la Multisectorial por los Derechos Humanos de Río Grande expresaron su “profunda preocupación, por la grave situación en la que se encuentran las personas alojadas en los lugares de privación de la libertad de la provincia”.

En ese sentido denunciaron que desde el Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se realizó una inspección el año pasado de los lugares de detención y aún no se publicó el informe respectivo. En el órgano la propia Multisectorial está representada, indicando que “no vamos a soportar los tiempos de las instituciones, los de su burocracia y sus funcionarios, cuando creemos que se necesitan respuestas urgentes y vemos que la insoportable lentitud para darlas agudiza los problemas”.

“Río Grande está en una situación de sobrepoblación similar a la que tenía Ushuaia en noviembre, cuando se hiciera la inspección. Mientras tanto, en la capital provincial también se profundiza la situación de hacinamiento y, por lo tanto, de no respeto a los derechos humanos y el aumento de los padecimientos que tienen las personas privadas de su libertad”.

“No se los pedimos, se los exigimos, porque las cárceles son para seguridad, no para sufrimiento y tortura. Por ese mismo motivo, tampoco permitiremos la construcción de lugares de encierro sin respetar de manera estricta todo lo indicado por los protocolos, acuerdos, pactos y leyes vigentes, a los que nuestro país se encuentra adherido”, indica el comunicado.