A pesar que tanto judicial como institucionalmente el Poder Judicial aún no toma medidas en torno al grave incidente ocurrido el 28 de junio pasado, en que la fiscal Laura Urquiza quiso detener a dos funcionarios para no recibir una causa; ahora se suman más cuestionamientos contra la funcionaria.
La denuncia judicial por ese escandaloso incidente aún no tiene requerimiento desde el Fiscal Mayor Guillermo Quadrini, quien ya fue citado por el Superior Tribunal de Justicia, por lo que aún no puede actuar el juez de instrucción Daniel Cesari Hernández, quien espera esa decisión para tomar medidas.
Ante ello ya ambos funcionarios fueron citados a Ushuaia por el Superior Tribunal de Justicia, que también mantiene una llamativa inacción en torno al tema, ya que no respondió los requerimiento del sindicato judicial SEJUP y tampoco de nuevos denunciantes que van aparecieron.
Ayer fue nada menos que la mamá de Sofía Herrera, María Elena Delgado, quien tras la salida del Dr. Eduardo Tepedino de la fiscalía, buscó entrevistarse el año pasado con la por entonces nueva fiscal, la Dra. Laura Urquiza.
“Quise ver que enfoque le iba a dar a la causa, me tuvieron esperando no me recibieron por que se actúa de manera muy soberbia desde la mesa de entrada de la fiscalía y me dijo que no estaba solo para atenderme, derivándome a empleados de segunda línea”, dijo, tras lo cual optó por limitar el contacto con el juzgado.
María Elena Delgado recordó esta situación, rememorando que no volvió a tener novedades de la causa desde la fiscalía, señalando que va a solicitar que Urquiza “sea sacada de la causa por que no se que ha hecho en el caso”, refirió en las últimas horas.
Denuncia de una abogada
Asimismo otro cuestionamiento también partió desde el mismo fuero penal, desde el sector de los abogados, ya que el propio Colegio de Abogados remitió una nota al Superior Tribunal de Justicia por presunta “inconducta” de la fiscal, que no tuvo respuesta.
Ello fue promovido por la abogada Yamila Gallardo, acusada en una causa penal desde marzo por un presunto desalojo violento, en el que la letrada refirió que “sufrió la usurpación de una propiedad y fui a reclamar esto y terminó lesionada”, en una causa donde Urquiza tomó el impulso fiscal de la investigación.
La abogada asegura que fue a denunciar su versión de los hechos y que prácticamente fue echada de la fiscalía, “la fiscal impide llegar a la verdad de los hechos, perjudicando deliberadamente una investigación abierta a los efectos de establecer en forma clara y precisa qué fue lo que ocurrió aquel día, todo ello en perjuicio mio, violando el deber de objetividad que debería guiar su actuar”, sostiene la letrada.
Esto fue denunciado penalmente por la abogada Gallardo, pero desestimado por el Fiscal Mayor Quadrini, colega de Urquiza, tras lo cual la denunciante acudió ante el Colegio de Abogados de Río Grande.
Allí hizo una presentación contra Urquiza que fue aprobada en comisión directiva del colegio y elevada al Superior Tribunal de Justicia, desde el cual continúa el silencio de radio impuesto en torno a este caso sobre el cual tiene marcada responsabilidad, en la designación de una funcionaria cuestionada desde todos los sectores.