Fue en un fallo del Superior Tribunal de Justicia que resolvió la casación por el juicio en el que fue condenada en 2014 a 2 años de prisión e inhabilitación. Calchaquí estaba condenada por que en 1990 al ingresar a trabajar al Estado fraguó su declaración jurada señalando que poseía un título secundario que no tenía, y por el cual cobró ese ítem en forma indebida.
En 2014 el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte había resuelto condenar a María Adela Calchaquí a la pena de 2 años de prisión en suspenso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de fraude contra la administración Pública, en relación a este acto que cometiera en 1990 cuando ingresó como empleada.
Calchaquí fraguó en su declaración jurada poseer un título secundario que en ese momento no tenía, y por ello cobró ese ítem salarial por varios años en forma indebida, cuestión que tomó estado público recién muchos años después cuando estaba por dejar de ser diputada del kirchnerismo en ese entonces.
Ante la casación a esta condena, ahora el Superior Tribunal de Juicio evaluó el tiempo transcurrido entre la supuesta comisión del hecho (febrero de 1990) y la citación a indagatoria de la imputada, teniendo en cuenta que la denuncia se realizó 21 años después del hecho (en abril de 2011).
Se indicó que si bien durante buena parte de ese lapso Calchaquí ocupó un cargo en la Administración Pública, no tenía la posibilidad cierta de ocultar el ilícito u obstaculizar la investigación por lo cual se consideró que el plazo de prescripción de la acción penal debía computarse desde el momento del hecho.
Cabe recordar que en el marco de esta causa, la imputada había suscripto un convenio con el Estado Provincial por el cual abonó las sumas dinerarias mal percibidas, en lo que también se determinó fue una falencia absoluta en los controles del área de Recursos Humanos del propio Estado Provincial.