La Justicia así lo informó en la primera versión oficial que se brinda en el mediatizado caso. Trascendió que los casos de abuso sexual planteados por el denunciante no tuvieron acogida en el representante del Estado en la acusación, quien las desestimó por “no encontrar quiebre de la voluntad” en los denunciantes. Más allá de esto planteó investigar si hubo irregularidades en la contratación de la obra pública.

La causa es llevada adelante por el Juzgado de Instrucción 2, a cargo del Doctor Raúl Sahade, a partir de la denuncia del abogado Francisco Giménez quien puso en conocimiento que 3 personas, a cambio de favores sexuales, estarían siendo beneficiados con trabajos de obra pública por parte del Intendente Gustavo Melella.

Tras la declaración testimonial de esas tres personas, solo dos instaron la acción judicial y el tercero lo hizo finalmente mucho después.

El juez Sahade corrió vistas al fiscal Mayor, interviniendo por subrogancia el Dr. Pablo Candela quien desestimó la denuncia debido a que consideró que no hubo abuso sexual.

Candela fue contundente en aseverar que no se avizoró “el quiebre de voluntad” en ninguno de los dos casos planteados primeramente como abuso sexual, y el propio acusador planteó la inexistencia de delito alguno.

Ahora este pedido Fiscal debe ser resuelto por el juez interviniente para dar continuidad o no a la investigación en ese sentido.

En cuanto al tercer caso que tardíamente decidió instar a la acción penal, el Fiscal Mayor titular, Guillermo Quadrini, deberá expedirse como lo hizo el fiscal Candela en los primeros dos hechos.

No entregaron los teléfonos
Un impacto importante en lo mediático generó además la viralización de audios. En ese sentido se aclaró que los teléfonos donde estarían los mensajes que habrían ocurrido entre el Intendente y los damnificados no se secuestraron porque los que instaron la acción pidieron conservarlos “debido que es una herramienta de trabajo”.

Contratación de la obra pública
Más allá de esta primera parte que fue utilizada política y mediáticamente ante el mayor impacto social que se busca con miras a las elecciones del año pasado; hay un segundo aspecto sobre el cual el fiscal si pidió profundizar.

En el caso de la investigación por posible irregularidad en la asignación de obra pública la Fiscalía si impulso la investigación y ello fue el objeto por el cual el juez Sahade ordenó dos allanamientos en las empresas supuestamente involucradas.

Asimismo el juez Sahade, apenas radicada la denuncia, solicitó informes relacionadas con las obras a la Inspección General de Justicia (IGJ), al Tribunal de Cuentas, y se requirió documentación a la municipalidad de Río Grande, la que aún está siendo analizadas y peritada.

El juez aclaró que nunca se allanó la municipalidad y la causa nunca estuvo bajo secreto del sumario como tomó estado público.