Un suboficial Principal de la Armada está siendo investigado por la justicia a partir de las reiteradas denuncias de abuso realizadas por una mujer que pertenece a la fuerza (fue tropa voluntaria y luego personal civil), en la Base Naval de Ushuaia.

Un suboficial principal de la Armada está siendo investigado por la Justicia a partir de las reiteradas denuncias de abuso realizadas por una mujer que pertenece a la fuerza (fue tropa voluntaria y luego personal civil), en la base naval de Ushuaia.

“Quiero que mi caso siente precedente. Que no se siga abusando de nosotras en la Fuerza, ni en ningún lugar”, dice Lucía a Télam, desde Tierra del Fuego, donde vive con su hijo adolescente y quiere quedarse, “porque tenemos una vida acá”. Llora su historia de abuso e injusticia no elegida.

Lucía es un nombre ficticio para preservarla, porque eligió hablar a pesar de sus miedos y de que intentan callarla.
El registro de su denuncia está detallado en un informe del Ministerio de Defensa al que tuvo acceso Télam.

Allí está especificado que ella, en 2013, era ‘Marinero (en masculino en el original) Primero Tropa Voluntaria’ cuando sufrió el primer acoso sexual por parte de su jefe, que identificaremos como RC, ya que aún está siendo investigado por la Armada.

La denuncia formal la hizo en septiembre de 2015 y “puede definirse como un acoso sexual, aunque el Código Penal la regula dentro de la figura del abuso sexual”, explica su abogado, Jorge Hernández. También hizo una presentación ante la Dirección de Políticas de Género (DPG) del Ministero de Defensa el 5 de octubre del año pasado.

El abogado cuenta que hubo “una cuestión de competencias porque los hechos ocurrieron en la Base Naval Ushuaia”, hasta que finalmente se hizo cargo la Justicia provincial. La causa estuvo a cargo del juez Javier de Gamas Soler, “que realizó algunas diligencias hasta que finalmente dispuso la reserva de las actuaciones por falta de pruebas”.

En la Justicia la causa está en reserva “a pesar de las pericias psicológicas que me hicieron y de que compañeros de trabajo se animaron a testificar”, aporta Lucía.

“Injusticia en la Armada e injusticia en la Justicia. Eso es lo que tengo”, dice durante su relato quebrado por el llanto.
Cuenta que fue marinera entre los años 2011 y 2014, cuando le dijeron que había alcanzado la edad límite y le tenían que dar la baja. Pero la edad límite es 28 años y ella tenía 26 y un hijo con una enfermedad crónica al que debía llevar al hospital Garraham con frecuencia.

La baja significaba que se quedaba sin trabajo, sin obra social y sin vivienda, ya que la casa se la suministraba la Armada. Lucía recurrió a la Justicia y logró que la Fuerza la tomará como personal civil, con un contrato de cuatro meses.
El 19 de noviembre de 2015, la DPG hizo reiterados pedidos a la Armada para que normalice la situación de la mujer, que venía recibiendo notificaciones de desalojo.

“Finalmente, con intervención directa del Ministro de Defensa, Julio Martinez, me reincorporaron al trabajo y tengo casa”, relata ella que mientras soportaba estos trámites convivía con el maltrato.
“Apenas volví a trabajar, RC comenzó otra vez con el acoso: ‘Vas a estar conmigo o te vas a seguir haciendo la difícil’, me dijo; y me amenazó con echarme, porque me dijo que él es el que tiene poder. Les decía a mis compañeros que me hostigaran”, comparte.

En el medio del relato, recuerda que cuando fue a la Oficina de Género de la Armada en Tierra del Fuego le preguntaron: “¿Vos lo seducís? Porque tenés los pechos grandes”. Su conclusión es clara: “Siempre me culparon”.

Lucía está agradecida con el equipo de la Dirección de Género de Defensa, con la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Usuhaia, con su psicóloga, con su nuevo abogado. Es la red que está tejiendo para sostenerse, porque está con licencia psiquiátrica laboral debido a sus ataques de pánico, insomnio y dolencias físicas.

Lucía no quiere contar detalles del abuso, prefiere que lo haga su abogado, que relató que RC “ha llegado a encerrarla en una oficina para intentar abusar de ella, tocándola, poniéndola contra la pared e incluso amenazándola y utilizando la fuerza, lo que le generó moretones en algunas partes del cuerpo”.

Hernández hace poco que se hizo cargo de la defensa de la mujer. Lo que intenta ahora es que la causa penal salga del estado de reserva y se encuadre en un caso de violencia de género “por el ámbito donde se produjo, porque se extendió en el tiempo y porque produjo daños psicológicos graves”, detalla.

Carolina Urtea, titular de la Dirección de Género del Ministerio de Defensa confirmó que la Armada designó un auditor, que el acusado fue traslado a otro destino en la misma provincia y que siguen acompañando a la víctima.

El abogado confirma que “hay otras mujeres a las que le pasó lo mismo y tuvieron que renunciar ante la imposibilidad de denunciarlo”.