La Inspección General de Justicia (IGJ) del Gobierno Provincial emitió una disposición el 25 de noviembre pasado respecto del sumario realizado a la ex conducción de la asociación de Bomberos Voluntarios de Tolhuin, inhabilitando para su participación en asociaciones sin fines de lucro, a distintos personajes de la vida política de esa localidad mediterránea.
Es por los desmanejos administrativos que tuvieron derivaciones judiciales que no llegaron a ningún lado de la antigua conducción que prácticamente desguazó a los bomberos de Tolhuin, actualmente intervenidos y recuperándose de a poco.
La IGJ dispuso inhabilitaciones para el entonces presidente Claudio Fabián Farías por 5 años, por 4 años fueron inhabilitados; el Vicepresidente José Antonio Rodrigo, la Tesorera Moria Ayelén Pacheco y la secretaria Ofelia Elizabeth Serrano; y por 3 años a los vocales Matías Miguel Rodríguez (actual concejal de Tolhuin), Marcos Javier Sanabria y Edgar Adrián Farías.
Increíble paradoja la de Rodríguez, actual concejal por Tolhuin quien pueden ejercer cargos públicos, pero quedaría inhabilitado para una simple asociación civil.
La medida responde a no haber cumplido con las rendiciones de memorias y balances de los años 2014 y 2015 y no haber dado cumplimiento a los diversos requerimientos administrativos a fin de que la asociación cobrara el subsidio provincial, así como diversos incumplimientos a lo requerido por este organismo, e incluso por la propia intervención.
El actual interventor Pedro Franco, señaló que “a partir de este dictamen vamos a seguir aportando pruebas a la Justicia para presentarnos como parte querellante”, dijo respecto del proceso penal que se mantiene en pie contra la anterior intervención que comprende incluso a los actuales dirigentes de la federación de Bomberos Voluntarios de la provincia.