Esta mañana se presentaron en los tribunales federales de calle Libertad los representantes del CECIM de La Plata que ofician como querellante en la causa por estaqueamientos y torturas a soldados argentinos en Malvinas, por parte de sus superiores.
Acompañados de sectores sindicales y políticos se acercaron a dialogar con la jueza Mariel Borruto, a fin de aclarar las causas de la suspensión de las indagatorias previstas a 18 militares acusados, a fines de junio y principios de julio.
Ernesto Alonso del CECIM de La Plata aseguró no tener dudas de la existencia de “un lobby militar en estas suspensiones”, por lo que demandan una respuesta de la magistrada que fundó la suspensión en limitaciones edilicias, de personal y procesales.
Alonso aseguró que “eso no es una excusa válida, hay prueba suficiente producida en la causa para llevar adelante las indagatorias y si el problema es el edificio se podría haber hecho todo en cualquier dependencia federal de las muchas que hay acá en Río Grande”, expresó.