El órgano se proyecta en una presentación del Gobierno ante la Legislatura, el cual busca definir la “política salarial” dentro del Estado provincial. Tendrá cuatro integrantes –todos de Gobierno- y funcionaría en el marco del ministerio de Gobierno y Justicia. Tendrá potestad en todo movimiento de personal y de salarios, para los cuales también se dispuso que no existan más los aumentos retroactivos que se solían definir en acuerdos tras un conflicto.
El Proyecto de ley fue ingresado a la Legislatura con la firma de la gobernadora Rosana Bertone, proponiendo modificar la ley 1062.
Se busca crear una Comisión Técnica “asesora de Política Salarial del sector público”, la que funcionará en el ámbito del ministerio de Gobierno y Justicia.
Será un órgano colegiado interjurisdiccional, y tendrá a cargo “el estudio, análisis y evaluación de medidas tendientes al establecimiento de una política salarial coordinada y armónica, teniendo como responsabilidad intervenir en todo proceso de modificación de regímenes que afecte las remuneraciones”.
La comisión tendrá un representante del ministerio de Gobierno, otro del ministerio de Trabajo, uno de Jefatura de Gabinete y uno del ministerio de Economía.
Asimismo se pide prohibir la retroactividad de aumentos, los cuales “tendrán vigencia a partir del mes siguiente al de establecido el incremento”. Esta medida dará por tierra con lo que salían ser acuerdos salariales cuya vigencia se llevaba a la fecha de inicio de los conflictos.