El Gobierno de la Provincia envió al parlamento un proyecto de Ley para declarar “la emergencia habitacional y de infraestructura edilicia y equipamiento comunitario por el término de 12 meses”, el que podrá se extendido por otros doce meses.
Según publica el diario El Sureño, el mismo asegura que de acuerdo al listado de inscriptos en el Instituto Provincial de la Vivienda, hay 10.115 familias que no tienen vivienda propia, de las cuales 5.494 residen en Ushuaia, 4.428 en Río Grande y 193 en Tolhuin.
El gobierno busca habilitar el mecanismo de contratación directa por un monto de hasta 5 millones de pesos y de hasta 10 millones de pesos para el caso de licitaciones privadas.
Será desde el IPV que se deberá “elaborar y ejecutar un plan de trabajo referido a la emergencia para la reparación, refacción, ampliación o reacondicionamiento de las soluciones habitacionales, que se encuentren deshabitadas o no, y fijando el plan de acción para las obras nuevas que deberán ejecutarse durante el año 2017”.
Desde el gobierno explican además que actualmente existen inconvenientes con la aplicación de programas de financiamiento nacionales y que, “para su correcto funcionamiento, sumado a los diferentes mecanismos de control que contemplan, prevén plazos de ejecución y rendición de gastos que en la mayoría de los supuestos no resultan compatibles con los mecanismos previstos en nuestra legislación provincial”.
Además considera necesario hacerlo con obras que sean ejecutadas a través de fondos provinciales, debido a la “trascendencia social”, que poseen.