El proyecto de ley del Ejecutivo será tratado en la última sesión del año de la Legislatura. Plantea medidas de restricción y mayor control al gasto de los subsidios provinciales que reciben las asociaciones, y que nunca tuvo un debido contralor del manejo de esos fondos públicos.
La ley establece la adhesión a la ley nacional de bomberos voluntarios, la 25.054, mediante la cual la provincia deberá regirse por un sistema que no admite los descontrolados pagos de viáticos y jornales que no tenían razón de ser dentro de este tipo de instituciones.
Esto asimismo plantea serias modificaciones a la ley provincial 736 que financia actualmente a los cuarteles, en la que se prevé una baja del 2,3 al 1,5% del total recaudado en concepto de Ingresos Brutos, para destinar al subsidio provincial de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia.
Además se establece un nuevo esquema de reparto del subsidio en 27,5% para Río Grande, 12,5% para Tolhuin y 50% para las tres asociaciones de Ushuaia. Asimismo se destinará un 10% para financiar a la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios.
Este último “detalle” quizás sea el motivo por el cual la elaboración de este proyecto no ha despertado reclamos airados de parte de los principales referentes de las asociaciones
Control del gasto
La secretaría de Seguridad será nueva autoridad de aplicación bajo la Subsecretaría de Protección Civil, la cual en otra modificación tendrá la potestad de “aprobar o denegar” cualquier solicitud de compra elevada desde las asociaciones.
De esta forma se mantendrá un estricto control del gasto, a la vez que se evaluará la conveniencia o no del mismo, lo que en la actualidad sirve para “dibujar” rendiciones sobre las que el Estado Provincial no tiene la más absoluta injerencia de controlar sobre el destino real que se da a los fondos públicos.
Una medida reclamada en Gobiernos anteriores para atender a este desfasaje sobre el cual nunca hubo voluntad política de avanzar.