El Dr. Guillermo Quadrini finalmente desestimó la acción de oficio que tomó la fiscalía en relación a la demanda civil que el Estado inició contra la secretaria de Asuntos Sociales de la Municipalidad de Río Grande. A Gabriela Castillo se le reclama el cobro indebido de haberes como docente por casi un año, y en la faz penal el fiscal determinó que la presentación de la licencia por parte suya demuestra que “no hubo maniobra fraudulenta” de parte de la funcionaria.

La acción civil fue iniciada a través de un dictamen del Fiscal de Estado, por lo que se inició la demanda en el juzgado Civil y Comercial 2 del Dr. Aníbal López Tilli, el pasado 21 de abril por parte de abogados del Ministerio de Educación.

El Gobierno reclama por medio de esta medida una suma de 206.806 pesos, en concepto de haberes supuestamente cobrados en forma indebida por Castillo, entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012, cuando ya ocupaba la secretaría de Asuntos Sociales de la Municipalidad de Río Grande, a pesar de que la funcionaria había licenciado su cargo docente.

A pesar de ello el desorden administrativo imperante en Gobierno permitió que se le siguieran liquidando haberes, por los cuales la funcionaria municipal hizo un pago en consignación en la Justicia.

Conocida esa demanda la fiscalía tomó actuación de oficio para saber si había algún delito punible penalmente, tras lo cual el Fiscal Mayor Guillermo Quadrini analizó el expediente y determinó desestimar cualquier acción en ese sentido.

El fiscal explicó “el análisis crítico de la demanda y el dictamen del Fiscal de Estado, sobre el contenido del reclamo, se circunscribe a la interposición de esta demanda por el cobro de pesos. Acá lo que se determinó es que no hay damnificado, no hubo maniobra fraudulenta”, dijo el fiscal.

Incluso el fiscal utilizó como jurisprudencia el voto del juez en minoría del juez Eugenio Sarrabayrousse en la causa “Mariel Calchaquí”, quien fraguó un título secundario para beneficiarse económicamente, “ese voto si bien fue en minoría planteando la absolución, habla de la ausencia de controles por parte del Estado, que se da en este caso, pero incluso en el caso de Castillo la situación va más allá por que en este caso no se fraguó elemento alguno para valerse de un cobro indebido”, en relación al pago que se le hizo desde el Gobierno, y que se debería haber suspendido al presentar Castilla la licencia del cargo docente al asumir como secretaria allá por diciembre de 2011, cargo que ostenta al día de hoy.