La causa por presunto “nombramiento y aceptación ilegal de cargo público” se inició cuando Rojas consideró que el requisito de “formación penitenciaria, con título universitario de carrera afín a la función” que la ley exige para el titular del Servicio Penitenciario, había sido obviado en el nombramiento de Debaz.
Los magistrados consideraron que tal requisito no resultaba exigible al momento del hecho investigado y revocó el fallo de la jueza de primera instancia, María Cristina Barrionuevo, quien había ordenado el procesamiento de ambos funcionarios.