A través de sus redes sociales el Gobernador fueguino sostuvo que la empresa británica Harbour Energy adquirió los activos de petróleo y gas no rusos de la compañía alemana Wintershall Dea, entre los que se incluyen nuevos proyectos provinciales.
“No se trata de una simple adquisición o cambio de compañía, sino que esta acción reviste una gravedad inusitada. La empresa Harbour Energy, con sede en Londres, fue intimada por la Cancillería argentina en el año 2022 por realizar acciones contrarias a las leyes 26.659 y 26.915”, señaló Melella.
“Esta empresa -continuó- pretendía realizar actividades de exploración hidrocarburifera en la zona de nuestras Islas Malvinas sin la autorización pertinente por parte del gobierno argentino. Finalmente, Harbour Energy se retiró del proyecto definitivamente”.
“Sin embargo, esta empresa nace de la fusión de otras dos empresas británicas: Chrysaor Holdings Ltd y Premier Oil. Esta última fue sancionada en el año 2013 y fue inhabilitada por ser titular de licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno isleño”, recordó.
“Es decir, Harbour Energy no solo fue intimada por pretender realizar exploración hidrocarburífera sin autorización nacional, sino que a su vez esta empresa nace con la fusión de otra empresa que fue sancionada e inhabilitada por el gobierno nacional”.
“Lamentablemente, la legislación (26.659) no nos protege de este tipo de acciones, ya que solo sanciona a empresas que “que realice o se encuentre autorizada a realizar”, pero no a empresas que hayan realizado en el pasado este tipo de acciones violatorias de nuestra soberanía”, advirtió.
Ante ello, “rechazamos en los términos más contundentes este intento de vulnerar nuestros derechos soberanos y pondremos en marcha todos los mecanismos administrativos que estén a nuestro alcance de conformidad a nuestra jurisdicción”.
A su vez adelantó que “trabajaremos junto a Diputados y Senadores para presentar un proyecto al Congreso de la Nación para modificar la Ley Nacional 26.659 a los efectos de que también sean pasibles de sanción aquellas empresas que en el pasado hayan realizado acciones que pretendan expoliar los recursos de nuestra provincia”.
“No permitiremos ningún accionar que procure afianzar la ilegal presencia británica en nuestro territorio y que amenace de forma directa a los intereses provinciales y nacionales. Haremos uso de todas las herramientas legales y administrativas que estén a nuestro alcance y sean de nuestra competencia para proteger nuestros derechos”, remarcó Melella.
