El titular de la Fiscalía Federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, solicitó la detención y el llamado a declaración indagatoria de diez militares por aplicación de tormentos contra tres soldados conscriptos, en el marco de la mega causa que investiga torturas de sus propios superiores en la guerra de Malvinas y es llevada por el Juzgado Federal de Río Grande.
Los imputados en este nuevo requerimiento responden a jefaturas de la Brigada de Infantería III y del Regimiento de Infantería 4; Diego Soria, Ricardo Cordon, Clemente Pécora, Jorge Echeverría, Jorge Chaud, Carlos López Paterson, Jorge Farinella, Alejandro Moughty, Orlando González y Rafael Barrientos (todos militares retirados).
El fiscal imputa dos hechos específicos de estaqueamientos que ocurrieron en Monte Kent y Monte de las Dos Hermanas, en la Isla Soledad, particularmente en la zona de Puerto Argentino, en perjuicio de tres soldados.
El primer hecho a fines de mayo de 1982, cuando uno de los dos soldados debía realizar un cambio de guardia y se quedó dormido ante lo cual dos cabos los castigaron a ambos estaquéandolos, siendo atados por la espalda, uno con otro, con sus piernas y brazos extendidos, parados, y mantenidos en esa posición durante toda una noche.
Las dos víctimas cayeron prisioneros de guerra de los ingleses entre el 10 y el 12 de junio, y viajaron de vuelta al continente en el Buque Canberra. Arribaron a Puerto Madryn y de allí fueron enviados a la guarnición militar de Campo de Mayo, donde los obligaron a firmar un “pacto de silencio”.
El segundo hecho sucedió en mayo de 1982 con un soldado que recibió tormentos y permanentes acosos por su procedencia indígena, siendo estaqueado en una oportunidad sin motivo. Lo ataron de pies y manos sobre una roca, expuesto a las inclemencias climáticas con las consecuencias físicas obvias. También fue obligado a firmar un “pacto de silencio”.
El pedido del fiscal sostiene que “las torturas en Malvinas fueron una práctica generalizada a la que fueron sometidos los conscriptos por parte de las autoridades militares como una forma de ‘controlar’ los problemas vitales que generaba entre la tropa la falta de distribución de víveres y abrigo” e incluso remarcó que “la falta deliberada de alimentos por la no distribución de los mismos fue la causa directa de las muertes de algunos soldados”.
La mega causa que maneja el Juzgado Federal de Río Grande lleva 18 años de trámite judicial y está actualmente paralizada a la expectativa de que la Corte Suprema resuelva un recurso de los pocos militares procesados, respecto de si los delitos son considerados –o no- de lesa humanidad, a fin de determinar si prescribieron o son imprescriptibles.
Esta cuestión aguarda la jueza federal de Río Grande para continuar avanzando en las indagatorias, ante lo cual es sorpresivo este requerimiento del fiscal.