Con el objetivo de visibilizar la problemática y exigir al Estado Nacional que garantice a los ciudadanos el derecho al acceso a la Educación Superior, el Órgano de Gobierno de la UNTDF analizó el panorama complejo que hoy deriva en una crisis profunda del Sistema Universitario Nacional.
“El presupuesto nacional no contempla el impacto del proceso inflacionario en el valor de insumos y servicios requeridos para el normal funcionamiento de las Universidades Nacionales”. “Se ha reducido el Fondo Universitario para el Desarrollo Nacional y Regional (FUNDAR), programa para el mejoramiento de las Universidades”, mencionaron los consejeros.
A su vez destacaron que “en el último Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Gobierno Nacional anunció la suspensión de nuevas obras de Infraestructura, en las Universidades Nacionales, que estaban programadas para el ejercicio 2018”.
“El CIN y las Universidades han manifestado su preocupación por los retrasos en las transferencias de fondos para atender gastos de funcionamiento”. “Los estudiantes están siendo perjudicados por el recorte de los montos destinados a los pagos de becas y otros tipos de ayuda económica, lo que repercute negativamente en su proceso de formación”, expusieron.
Denunciaron además que “los salarios de los Trabajadores Universitarios (docentes y no-docentes) se ven afectados drásticamente por la escalada inflacionaria, lo que requiere la urgente reapertura de paritarias que dé respuesta a esta situación”. “El desarrollo científico-tecnológico del país está siendo afectado por la falta de inversión en becas, subsidios y formación de recursos humanos que tengan opción de permanecer en el sistema”, repudiaron.
“El conjunto de estas medidas evidencia una política de ajuste y desfinanciamiento que perjudica a la Educación Pública, y en particular a las Universidades, poniendo en riesgo la continuidad de su funcionamiento y el normal desarrollo de sus actividades sustantivas”.
Ante este contexto desfavorable el Consejo Superior de la UNTDF enfatizó que el “Estado Nacional tiene el deber de garantizar el derecho a la educación superior”. Por todo lo expuesto resolvió: “Reafirmar como Comunidad Universitaria que la educación es un bien público y social, un derecho humano universal y un deber indelegable del Estado”; “Rechazar toda política de reducción presupuestaria de la Educación Pública en general y de la de nivel Superior en particular, en tanto el desfinanciamiento configura un ataque a la educación y al desarrollo científico-tecnológico que generará la paralización de estas actividades sustantivas”. Asimismo, exigió al” Gobierno Nacional la asignación de un presupuesto acorde a las necesidades del conjunto de las Universidades Nacionales, que garantice el derecho de la ciudadanía a acceder a una educación universitaria de calidad, pública, laica, inclusiva y gratuita”, refrendó el órgano directivo de la Institución.