Se trata del caso del subteniente del Ejército en la guerra de Malvinas y hoy periodista Jorge Taranto, quien es el único caso confirmado por la Justicia como “prescripción”. La jueza federal Mariel Borruto le dictó una orden de prohibición de contacto hacia referentes del CECIM de La Plata, organismo denunciante.

El referente de DDHH del Centro de Veteranos de Guerra de la Plata (CECIM), Ernesto Alonso, presentó una denuncia por “amenazas” en el marco de la causa por torturas a soldados argentinos –por parte de sus superiores- durante el conflicto de 1982.

Aseguró que Jorge Taranto, la única persona sobreseída por “prescripción” en el marco de estos hechos; habría manifestado comentarios en tono amenazante hacia su persona.

Taranto es en redes sociales un persistente militante en contra de la causa que se tramita en Río Grande, y que hoy permanece casi paralizada en vilo por que la Corte Suprema se pronuncie respecto de la prescripción o no de estos delitos, en razón de distintos recursos presentados por la defensa de otros cuatro militares ya procesados por la jueza federal de Río Grande.

El caso de Taranto es casi una guía obligada para argumentar por parte de los defensores del casi centenar de militares imputados, por ello el juzgado federal en Río Grande detuvo las indagatorias a la espera de la resolución de Corte Suprema respecto de si estos delitos pueden ser –o no- considerados de “lesa humanidad” y por ende habilitar su imprescriptibilidad.

El proceso de Taranto tuvo una imputación como “partícipe” en los estaqueamientos a cuatro soldados y “vejaciones” en relación a un quinto, hechos de los que fue sobreseído por considerarse “prescriptos” los delitos por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, decisión que extrañamente no fue recurrida ante la Corte Suprema y quedó firme.

Prohibición de contacto
A partir de la denuncia por “amenazas” presentada por Ernesto Alonso del Centro de ex Combatientes de La Plata, uno de los principales promotores de la denuncia judicial que tramita en Río Grande, es que la jueza Mariel Borruto emitió una prohibición de contacto para Jorge Eduardo Taranto respecto de víctimas y querellantes en el marco de la causa.

La resolución del 8 de mayo reza que se le prohíbe “tomar contacto de manera personal o interpósita persona y/o por medio de telefonía, correo electrónico, redes sociales y/o servicios de mensjaería” con las partes mencionadas.

Taranto optó en sus redes sociales por señalar que “peligra mi libertad de expresión”.