Se trata de un grupo de emprendedores que aseguran haber invertido  $12 millones para montar una empresa de transporte “El Castor”, con el fin de unir Ushuaia, Río Grande Tolhuin. Pidieron 8 frecuencias diarias, pero hasta el momento no lograron ser habilitados, más allá que aseguran que cumplieron con todos los requisitos.

El representante de la empresa, Cupertino Arnés explicó que  El Castor S.R.L, detalló en Aire Libre Fm que, “hace poco más de un año comenzamos con los trámites de habilitación como servicio especial y recibimos la aprobación del Inspección General de Justicia”.

Explicó que “cuando empezamos con los trámites para hacer el servicio, se lo presentamos  al director de transporte de la Provincia y nos dijo que este servicio hacía falta”.

Relató que le dieron “un papel con los requisitos” y que “cuando llevamos todo nos pidieron que lleváramos las unidades para hacer la verificación ocular”.

“Nos pidieron que ploteáramos las combis para identificar el servicio y lo hicimos; después que tengamos oficinas de atención al público para identificar donde se venden los boletos e hicimos un contrato de alquiler por dos años en Ushuaia y otro en Río Grande para las oficinas; compramos el sistema informático para emitir boletos; compramos cincuenta cubiertas con clavos, cortinados y uniformes; también pusimos líneas telefónicas, todo eso tiene un costo y nosotros somos trabajadores, no personas adineradas”, explicó Arnés.

Luego de la inspección, “nos dieron los cupones que para que abonemos. Pagamos cerca de 10 mil pesos  y nos dijeron que en 24 horas nos entregaban la habilitación”.

Luego, “no nos dieron la habilitación” y les ofrecieron, “hacer dos frecuencias por día”, cuando ellos había solicitado hacer 16 salidas.

“Somos gente de trabajo, invertimos lo que no tenemos para conformar esta empresa, y los funcionarios, en vez de darnos una respuesta, ni siquiera nos reciben”, aseguró Arnés.

Por ultimo explicó que, “hace tres meses que El Castor sólo genera gastos a los emprendedores. Ante la imposibilidad de trabajar, pagamos gastos de alquiler, de improductividad de las unidades, abonos a profesionales para seguir en regla y presentar escritos sin respuestas a las autoridades”.

Desde la empresa iniciarán acciones judiciales tendientes a destrabar esta situación.