El Consejo se constituyó hoy con su presidente el Dr. Gonzalo Sagastume del Superior Tribunal, el ministro Leonardo Gorbacz, los legisladores Federico Bilota y Pablo Blanco, y los representantes de los colegios de abogados, Dres. Oscar Suárez y Miguel Castro.

En cuanto a la denuncia que presentaron dos ignotos abogados porteños; “ Nº 101/18: Dres. Ramiro Hernán RUA y José Luís GHIOLDI” contra el juez Raúl Sahade y el fiscal Pablo Candela en su desempeño en la causa contra el intendente Gustavo Melella, recién hoy fue rechazada esta descabellada presentación.

Los representantes políticos del Gobierno Provincial, el legislador Federico Bilota y el ministro Gorbacz propusieron y acompañaron la moción de enviar el asunto a ser analizado en el ámbito del Superior Tribunal, cediendo en el proceso de jury que precisamente se impulsó desde este sector político ya en retirada.

El resto de los consejeros sostuvo el rechazo, decisión que fue demorada todos estos meses por meras especulaciones políticas que tuvieron sumidos en la incertidumbre a dos funcionarios judiciales.

Escándalo judicial no pasará de una sanción administrativa

Finalmente otro de los puntos que atendió el Consejo fue la situación de la fiscal Laura Urquiza, denunciada penalmente y en un jury presentado por el juez Sahade y su secretario el Dr. Eduardo Tepedino, a quien precisamente la fiscal intentó detener haciendo uso indebido de la fuerza policial, para evitar recibir un expediente judicial.

Increíblemente en ese expediente están el secretario de Seguridad Javier Eposto y el ministro Leonardo Gorbacz por la entrega de una vivienda a un testigo de la causa Melella.

Sin embargo Gorbacz no tuvo ninguno prurito moral ni ético en excusarse en el tratamiento del asunto e incluso fue quien promovió el rechazo del jury y enviar las actuaciones a la órbita del Superior Tribunal de Justicia para un “apercibimiento”.

A esto se sumaron los votos del legislador Bilota, Blanco y el consejero Suárez; por lo que incluso la resolución desoyó el informe que Sagastume había elaborado desde la Presidencia del órgano para continuar el jury.

La sanción administrativa a Urquiza, sobre quien aún pesa una causa penal por “abuso de poder” y otros delitos, quedará en la órbita de un Superior Tribunal de Justicia que la designó y que ha apañado este tipo de situaciones hasta casi tornar insostenible el funcionamiento de la Justicia Penal en Río Grande, donde fiscales y juzgados debieron modificar el esquema de trabajo por este escándalo.

La causa judicial por este hecho tampoco ha registrado movimiento alguno, de la mano del juez de instrucción Daniel Cesari, quien ya fue convenientemente instruido desde el Superior Tribunal de Justicia para que el episodio se encamine hacia la nada.