La causa es del año 2018 cuando la Aduana en la frontera de San Sebastián detectó el millonario cargamento de 300 equipos de aire acondicionado que eran sacados dentro de un cargamento de turba, siendo detenido en ese entonces el camionero que luego fue puesto en libertad.

El escándalo más allá del contrabando en sí, era que se trataba de piezas de rezago, en su gran mayoría pertenecientes a fábricas del grupo Mirgor, y de otras empresas; los que ingresaron a la provincia al amparo de la 19640 y habían sido descartados como residuo industrial para su destrucción.

El Tribunal de Juicio Oral Federal de la ciudad de Ushuaia llevó adelante el proceso oral y público contra los imputados que se encuentran fuera de la provincia, por lo que estuvieron presentes en las audiencias mediante videoconferencias que se realizaron desde los tribunales de las localidades de Moron y Adrogué, donde actualmente residen.

El fallo del Tribunal Oral condenó al empresario bonaerense Andrés Márquez de 46 años a la pena de 4 años y seis meses de prisión, considerado como el cerebro de la maniobra, quien ya cuenta con una condena hace poco por el contrabando de cables robados a la DPE y en septiembre próximo debe enfrentar otro juicio similar.

Asimismo también fue condenado el camionero Diego Alejandro García, de 43 años, a la pena de cuatro años de prisión; ambos imputados por el delito de “contrabando agravado”.

Finalmente, la pareja del empresario Márquez, Andrea Liliana Pérez –a nombre de quien figuraba el camión involucrado en la maniobra-, fue sobresalida.

Los condenados continuarán en libertad hasta tanto las condenas queden firmes ya que les queda una posibilidad más de casación.

Reciclador sobreseído

Los equipos encontrados en la frontera deberían haber estado en poder de la recicladora Reciclar, de Walter Pleiming, para su destrucción. Ante ello este empresario local estuvo sujeto a la causa en sus inicios y el galpón de la recicladora cerrado, período durante el cual hubo un sugestivo ingreso a sus instalaciones por un boquete, a pesar de la custodia de Gendarmería.

La defensa de Pleiming acreditó en la instrucción que no había correlación en tiempos entre el momento en que se hizo el acta de entrega de esos equipos desde las fábricas, con el momento en que efectivamente se le entregaron los equipos en bulto cerrado y sin descripción.

El sobreseimiento entendió que Pleiming podría haber desconocido si esos equipos estuvieron efectivamente en sus instalaciones, y fue sobreseído.

La Aduana que actuó como parte querellante en la causa indicó que tras ser detectado este camión y descubrirse la modalidad de contrabando, se estima que se produjeron al menos 40 viajes similares, por parte de los mismos implicados, en una maniobra varias veces millonaria.

Incluso la Aduana aportó en la causa los certificados de destrucción que la misma recicladora extendió respecto de los 300 equipos secuestrados, a pesar de lo cual su responsable salió libre de culpa y cargo.