Se trata de otra denuncia que había presentado el legislador Jorge Lechman contra funcionarios del Ejecutivo provincial ante una supuesta “desobediencia” que suspendió el acto electoral en torno a la reforma parcial de la Constitución Provincial y dejó sin efectos el cronograma electoral.
En su presentación el parlamentario daba cuenta de un supuesto incumplimiento de funcionarios provinciales a la manda judicial respecto de la mencionada suspensión, en relación a la publicación de la convocatoria en medios gráficos y en el Boletín Oficial.
El juez que tomó esa causa instrucción 1 de Ushuaia, Dr. Sergio Pepe, entendió que “no se encuentra constituido el aspecto objetivo que requiere el delito de desobediencia para su configuración”.
El juez explicó que el Gobierno fue notificado “fehacientemente” de la cautelar sino “hasta cinco días después del supuesto incumplimiento”, aclara en relación a la fecha de la publicaciones realizadas.
En ese sentido quedó claro para el juez que los funcionarios provinciales no tuvieron “dolo o intención” en la acción por lo que rechazó el requerimiento fiscal “por considerar que el hecho investigado no constituye delito”.
El juez Pepe es el mismo que allanó Casa de Gobierno en el marco de una segunda causa restante aun vigente en su fuero por presunta “falsificación de documento público” en relación al fechado del decreto de convocatoria a la elección suspendida.