Tras los pedidos de condena que van de 2 a 4 años para el ex administrador del Fondo Residual, su defensa representada por el Dr. Francisco Ibarra hizo un detallado alegato en el que señala que se cumplió con la ley 551 en la licitación de las deudas vendidas a Glisud y Filosa, pidiendo a la fiscalía que investigue al gobierno de Fabiana Ríos que impulsó esta causa.

El abogado del ex administrador imputado, Gustavo García Casanovas, bregó por la absolución de su defendido y los imputados en el caso Glisud.

El Dr. Francisco Ibarra explicó que “no existe acreditado perjuicio ni acción delictiva específica luego de 15 años de proceso”, agregando que “todo el procedimiento licitatorio estaba acorde a la ley 551”

“Se vendieron estos créditos que se abonaron con bonos de la deuda pública que se dijo estaban defaulteados que eran papeles pintados, pero esos bonos cancelaron la deuda y la ley 551 establecía que se pagaba con bonos de la deuda pública a valor técnico”, expresó, los cuales “era para cancelar deuda pública y en el expediente se acreditó que esos bonos eran circulables”.

“No interesaba la naturaleza de la persona que compraba las deudas, estas personas no mantenían relación alguna con el Fondo que era un ente de derecho privado”, expresó, agregando que “los compradores estaban sujetos a lo que decía el pliego, si se somete a los pliegos yo no puedo no aceptar la oferta por razones que no estén en los pliegos. Que sea una empresa fantasma o no, a mi como acreedor no me genera perjuicio porque yo cedo mi rol de acreedor por un dinero”, dijo Ibarra respecto de los oferentes en juicio.

“Se pagaron 950 mil pesos en bonos, luego Da Fonseca los vendió en 600 mil pesos que eran irrisorios, se vendió un crédito ya cancelado”, dijo respecto de la oferta de los juzgados y de las actuaciones a posteriori del siguiente administrador y denunciante de la causa, el Dr. Javier da Fonseca.

“Posteriormente se revoca lo que hizo Da Fonseca lo que era nulo, y se debió retrotraer a la situación anterior y Glisud inició acciones judiciales a fin de que se le adjudique el predio y se le dio, eso por la vía civil”, dijo, reclamando en ese sentido que “acá hay cinco personas expuestas por quince años”, dijo respecto de los imputados cuya acción quedó avalada en el plano civil.

“Complot político”
Finalmente Ibarra apuntó a un supuesto entramado político detrás de la causa, “acreditamos el fin político, este complot estuvo dado por Raimbault, la señora Fabiana Ríos, acreditamos ese complot por que se trajo un testigo que no sabemos quien le pagó los pasajes. El testigo Tela que cuando llegó a la audiencia era investigador privado que la información se la dio Da Fonseca, que la señora Fabiana Ríos lo atendía en su despacho en el Congreso cuando era diputada, y esa información él se la daba a la fiscal Marcela Bragulat y él recopilaba esa información”.

“El hombre era de profesión coreógrafo, pero actuaba como investigador, hacía un corte y pegue de los diarios que le daba y lo presentaba en el expediente”, dijo cuestionando la seriedad del caso.

“La provincia –finalmente- transfirió todos los bonos obtenidos por pago de deuda por 11 millones de pesos que se transfieren para pagar al Ipauss, luego Ríos sin ningún fundamento esos 11 millones que transfirió Cóccaro, dijo que esos bonos que se transfirieron a valor técnico, van a ser a valor de mercado que fue de 4 años. La provincia violó la ley 551, y en lugar de cancelar deuda por 11 millones lo hizo por 4 millones y medio. Eso se lo mostramos a la fiscalía y esperemos que actúe” dijo finalmente Ibarra transformándose en denunciante de esta situación.

El viernes el Tribunal de Juicio de Ushuaia dará un veredicto en esta causa.