El acta fue firmada a las 20.15 del viernes, un horario inusual de este tipo de encuentros, a lo que se suma que aún el Consejo de la Magistratura no publica el acta en la página web del Poder Judicial, y el representante de los abogados, Abdo Saber, recién esta tarde de sábado compartió el acta a sus representados, lo que le valía anoche la crítica de varios de sus pares.
En el acta se plasma que el presidente del Consejo, el cortesano Ernesto Loffler, informó a los demás consejeros del dictamen del fiscal acusador, el representante de los abogados Abdo Rafael González Saber, el cual ya estaba en poder de los restantes consejeros, argumentando además por que correspondía hacer lugar al pedido del fiscal.
Asimismo Loffler destacó la medida precautoria de suspensión del juez para “garantizar la calidad e integridad de las pruebas en miras al desarrollo regular del procedimiento de enjuiciamiento, lo que no se encontraría resguardado con el Dr. Cesari en funciones, dado que muchos de los testigos involucrados forman parte de la planta de su juzgado».
Martínez de Sucre añadió que esa suspensión permitirá que el Dr. Cesari “pueda ejercer con plenitud su derecho de defensa”, para lo cual ya fue invitado a realizar un descargo.
Un proceder totalmente legítimo al que los propios actores le brindan un manto de oscurantismo que permite alimentar sospechas, propio de los modos de proceder siempre desprovistas de transparencia.
Cesari ya está suspendido de sus funciones y el turno de su juzgado que comenzó a la hora cero de hoy es ejercido por el Dr. Raúl Sahade.
La próxima semana el juzgado de instrucción 3 que entiende en la causa penal por los maltratos al personal y procederes como juez, comenzará a tomar testimoniales entre el personal del juzgado del saliente juez, las cuales habían sido suspendidas a fin de evitar que los testigos se vieran condicionados de tener que declarar contra su jefe en actividad.
Incluso trascendió que Cesari ya contaba con una medida cautelar que le prohibía hablar con sus empleados sobre el proceso penal en curso, lo que mantenía tensas las relaciones laborales internas.