El Fiscal Marcelo Rapoport lleva adelante la investigación de la denuncia que involucra a la aduana por la liberación de autos para ser sacados de la isla. “Se encuadra dentro de los delitos de contrabando y defraudación a la administración pública”, detalló.

El Fiscal Federal, Macelo Rapoport, tomó conocimiento de las irregularidades por la denuncia del ex administrador de Aduana local Gustavo Echegoyen, que ahora trabaja en Salta, pero fue administrador de Aduana en Río Grande en 2005 y luego en 2014, año en que hizo la denuncia sobre liberación frudulenta de vehículos.

Entrevistado en Fm Aire Libre, el Fiscal indicó que “hubo una investigación administrativa previa que había hecho la Aduana se determinó un sinnúmero de vehículos que habían salido en forma fraudulenta de Tierra del Fuego”.

En cuanto al mecanismo irregular precisó que “Los autos que se adquieren en la provincia están amparados bajo la Ley 19640, y tienen un tratamiento específico, necesitan un plazo de gracia para poder salir de la isla en forma normal liberada: Cinco años los importados y tres años los nacionales”.

“Usted tiene que hacer el trámite de liberación, tiene que ir a la Aduana, le sellan un papel, tiene que pagar un tributo y ese papel va al registro de la propiedad del automotor donde se encuentra registrado el auto. El registro es el que anota la liberación del automotor”, agregó.

En este caso los propietarios de los autos, en lugar de pagar los tributos en el banco como corresponde, se lo pagaban a Walter Eduardo Servian, quien era el responsable del área de automotores de la Aduana. “Como no cumplían con los requisitos, el señor lo firmaba igualmente dando el consentimiento para que se liberen aunque no estaban en condiciones de ser liberados. Además el tributo que debían pagar en el banco lo hacían en forma personal con Servian”.

“Por la última información que tengo, el instructor sumariante pidió la exoneración o cesantía de este hombre de la institución, pero fue trasladado provisoriamente a la DGI en el centro de Río Grande hasta que se resuelva su situación administrativa”.

Rapoport señaló que “la causa no es que está parada, sino que tarda porque tenemos que pedir los distintos legajos de los vehículos que están en distintas provincias dispersados. Eso conlleva bastante tiempo a la par de ir tomando las distintas indagatorias a los titulares de cada uno de los vehículos por haberlo sacado de la provincia sabiendo que no podían”.

“Nosotros presiones no hemos recibido ninguna, trabajamos y si nos quieren presionar igual no vamos a dar el brazo a torcer. No tenemos ningún impedimento para frenar la investigación, más allá de los contactos que pueda o no tener Servian que será una cuestión personal de él”, agregó.

Sin embargo, Rapoport no pudo precisar algunas cuestiones clave: “Creo que Servian se negó a declarar pero no lo tengo en mente, esto fue hace tiempo y mi disco rígido a esta edad ya no me funciona para recordar cada una de las indagatorias”, dijo ante la consulta.

La imputación al empleado de Adunas es por el delito de “defraudación por administración infiel, agravada por ser a la administración pública en concurso con el contrabando”, delitos que llevan penas de entre 3 y 8 años de prisión.
“La firma era original y el papel también, lo que estaba mal era el pago del tributo en efectivo que era a una persona determinada cuando debía ser a una entidad bancaria, y eso no permitió que entren a las arcas de la Aduana, por eso hay una defraudación a la administración pública, y por otro lado con ese papel lograba la liberación del vehículo antes de tiempo”.

“Lo importante es poder descular la maniobra y llevarlo a juicio oral para que se haga lo antes posible”, dijo y agregó que “estamos esperando todas las declaraciones, una vez que las tengamos vamos a ver cada hecho en particular”.

Además señaló que “esto no es una caza de brujas ni una persecución, lo que se busca es determinar quien quiso contrabandear sacando un auto que sabía que no lo podía hacer, quien abonó en forma ilegal a una persona que es empleado infiel de la aduana”.

En cuanto a los gestores indicó que “en muchos vehículos intervienen gestores, hay dos que están prófugos y estamos tratando de encontrarlos para indagarlos”, dijo.

Pero no precisó los nombres: “Ahora no tengo el nombre, y no me parece prudente en este momento, confiamos plenamente en las fuerzas de seguridad que los van a encontrar, los están buscando desde hace un año pero van a aparecer y los vamos a indagar para llevarlos a juicio oral también”.