La investigación tiene casi una veintena de imputados entre empleados aduaneros, propietarios de automóviles e incluso dos gestores cuyo paradero hoy es desconocido. El agente responsable de la firma de liberación habría suscripto notas mellizas que permitieron la liberación de numerosos vehículos, y a pesar de que era el único autorizado para liberar, sus vínculos políticos hoy lo mantienen preservado como empleado de la DGI AFIP. Mientras la Justicia Federal lleva dos años de trámite judicial sin una resolución, en la trama aparecen los nombres de un ex legislador, un hijo de Lázaro Báez y el ex vicegobernador y contador aduanero, Daniel Gallo.

La causa figura como “Echegoyen, Gustavo s/dcia” en relación a la presentación realizada por el mencionado ex administrador de la Aduana local en el año 2014, respecto de una anomalía detectada en la sección “automotores” de la repartición nacional en Río Grande.

Una auditoría efectuada en la Aduana local detectó un descontrol en el manejo de los trámites de liberación de vehículos afectados al régimen promocional de la ley 19.640.

Bajo este régimen los autos nacionales liberan después de tres años al momento de su patentamiento, y los importados cinco años.

La primera auditoría detectó que “al menos en diez oportunidades” los registros del automotor liberaron vehículos a partir de notas presentadas por particulares, procedentes de la Aduana, y todas firmadas por quien entonces era el único autorizado a tal fin; el principal imputado de la causa: Walter Eduardo Servian.

La maniobra, que se busca determinar judicialmente, consistía aparentemente en el fraguado de antiguas notas de liberación, las cuales eran fraguadas con los datos del vehículo a liberar en esta oportunidad, generándose “notas mellizas” que ingresaban a los registros del automotor.

La causa cuenta con una veintena de imputados, encabezados por el ex agente aduanero Walter Servian, y otro identificado como Eduardo Amari, quien se encontraba también en el área Automotores, pero que no tenía potestad de firmar los documentos. Asimismo se suman a la lista los propietarios de los vehículos que realizaron el trámite de liberación –trámite que es personal-, e incluso dos gestores, los cuales a la actualidad se encuentran prófugos, fuera de la provincia.

La Justicia Federal en dos años de proceso solo se limitó a una ronda de indagatorias, para la cual aún resta indagar a tres imputados, por lo que se estaría aguardando la posibilidad de un pronunciamiento judicial recién a finales de este año, con el limitante de tener actualmente un juez subrogando desde Ushuaia.

Increíblemente a dos años de detectadas estas irregularidades, el agente Servian solo tuvo como sanción el desplazamiento hacia la agencia local de la DGI-AFIP, donde reviste actualmente cargo, con vinculaciones políticas que lo han logrado preservar hasta el momento.

Los autos del poder
Bajo esta maniobra, en el primer relevamiento se detectó la liberación irregular de diez vehículos; tres de los cuales fueron sacados de la provincia en 2013, e incluso un Audi A5 Sportback, que al momento de la denuncia era propiedad del ex legislador y empresario automotor, Adrián Liendo, vehículo que actualmente se encuentra radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El rodado al ser importado existía una imposibilidad legal de que fuera liberado en esos años, sin embargo el trámite se efectuó con la siempre presente firma de Servián.

A pesar de esto Liendo no figuraba imputado en ese momento ya que el trámite lo realizó el vendedor del vehículo y anterior propietario, pero se investigan posibles vinculaciones del ex legislador con el imputado Servian.

Este no es el único nombre vinculado al poder que aparece en la trama, Leandro Báez, hijo del empresario kirchnerista detenido, Lázaro Báez, figura con una Toyota Hilux 4×4 liberada sin documentación obrante en la Aduana. Hoy se encuentra asentada en Río Gallegos a su nombre.

Otra denuncia podría implicar al ex vicegobernador Gallo
A la par de esta causa existe una segunda patrocinada de manera particular por un empleado aduanero despedido, Julio Achaval, en lo que se insinúan vinculaciones del imputado Servian con el ex vicegobernador, y contador de la Aduana, Daniel Gallo, quien hace poco tuvo un allanamiento a su vivienda por otras causas en las que se investiga lavado de dinero.

Achaval hizo una presentación judicial por amenazas sufridas por el juicio laboral que lleva adelante contra la Aduana, en el marco de la cual da cuenta de un cúmulo de irregularidades.

Entre estas menciona que el contador de Aduana, Daniel Gallo “participaba de dudosas liberaciones de vehículos de alta gama y otros”.

Gallo es coleccionista de rodados de alta gama y antiguos, teniendo su colección de automóviles en el barrio porteño de Barracas. La denuncia indica que “se vio beneficiado en trámites de liberación de vehículos”, con un listado de vehículos a su nombre entre los que figura un Chevrolet Camaro del año 2014, patente NRD 664, el cual incluso aparece a nombre del empresario tabacalero Carlos Daniel Tomeo.

El auto llamativamente fue liberado en el mismo año 2014, a los pocos meses de adquirido, en una maniobra considerada sospechosa y sobre la cual la Justicia aún no avanzó. En igual sentido es poco clara la situación de la famosa Ferrari, dominio IAG 320, que la Justicia buscó en el allanamiento a la casa de Gallo en calle Arteche, la cual también tuvo un trámite de liberación con suma celeridad.

La presentación de Achaval no tuvo avances significativos, de hecho el denunciante recusó a la por entonces jueza Lilian Herráez, y al propio fiscal, el Dr. Marcelo Rapoport, por falta de impulso a esta última investigación pedida por este particular.