Hoy se constituirá el Consejo de la Magistratura en la ciudad de Ushuaia para definir seis jueces para cerrar vacancias cruciales en el Poder Judicial. A la grosera resolución del caso del Dr. Dieguez, ahora se suma un antecedente judicial inquietante de un abogado porteño que fuera funcionario de la Justicia Nacional, el cual está en consideración de convertirse en juez de Instrucción en Río Grande. Fue sobreseído en esa causa, pero el antecedente nunca fue mencionado en todo el proceso de selección de candidatos.

El Consejo de la Magistratura resolverá este martes en votación nominal los nombres que ocuparán las vacantes en el Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur, el Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Norte, el Juez Electoral de Primera Instancia de la provincia, el Juzgado Civil y Comercial 1 de la ciudad de Río Grande, el Juzgado de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Norte, y el Juzgado de Instrucción de Segunda Nominación en el Distrito Judicial Norte.
Los integrantes del Consejo sesionarán a partir de las 10 de la mañana para elegir en votación entre los distintos aspirantes que fueron analizados en las audiencias públicas realizadas a lo largo de los últimos dos meses.

El punto de mayor conflicto y expectativa que se había generado, era el cargo del Juez de Ejecución de Penas para el distrito Norte, donde se cuestionaba al actual director del Servicio Penitenciario, el Dr. Sergio Dieguez, hasta que en las últimas horas se le cerró una causa en su contra (Ver: Desestimaron la denuncia penal contra el director…).

El pasado de un candidato
Pero el caso de Dieguez tuvo trascendencia e incluso fue sometido a consultas durante su audiencia ante el Consejo, por lo que las suspicacias suman ahora a otro potencial candidato con un antecedente judicial –ya sobreseído- pero que no fue mencionado a lo largo de todo el proceso de evaluación de los consejeros.

Se trata del abogado porteño, el Dr. Oscar Isidro Aguirre, quien en sus antecedentes laborales mencionó su labor en la secretaría del Juzgado Nacional en lo Criminal N°7 en la ciudad de Buenos Aires en el Poder Judicial de la Nación, entre los años 1993 y 2003.

Lo que resulta sugestivo en este caso fue que ni Aguirre mencionó un antecedente judicial ya extinto, así como tampoco lo requirió ninguno de los consejeros.

Este consiste en que en 2002, Aguirre fue denunciado así como su por entonces juez, el juez federal Jorge Urso, del pedido de dádivas a detenidos por una causa de adulteración de combustibles, por la que once empresarios porteños estaban presos en ese momento.

Aguirre entre otros funcionarios judiciales fueron investigados en razón de la denuncia que involucraba al reconocido abogado porteño Víctor Stinfale, quien se aseguraba que “recaudaba” 10 mil pesos a los detenidos, con el fin de destinarlos supuestamente al secretario Aguirre y el juez Jorge Urso, a fin de obtener su libertad.

Tras dilatadas idas y vueltas, la causa finalmente terminó en un sobreseimiento de todos los involucrados en el año 2010, a pesar que la investigación encontró resoluciones judiciales mellizas, a disposición de la firma del juez, unas con prisión preventiva para los comerciantes y otra sin prisión preventiva.

Eso se consideró como un procedimiento usual en la búsqueda de resoluciones alternativas, y no se hallaron más elementos probatorios, quedando todos los involucrados, sobreseídos.

De igual manera este antecedente no estuvo nunca en discusión dentro del ámbito del Consejo de la Magistratura fueguino, respecto de un candidato que llega de Buenos Aires con un fuerte aval político/judicial, para reemplazar la vacante dejada en lo que fue la ya polémica renuncia del Dr. Héctor Ochoa.

Aguire concursa este cargo con otros tres candidatos; el abogado porteño Esteban Chervin y los riograndenses, el fiscal Eduardo Tepedino y el secretario federal, Diego Spilloti.