Lamentó la “falta de gradualismo” en el aumento de tarifas y que no se haya tenido en cuenta la situación geográfica y climática particular de la zona Patagónica al lanzar el cuestionado “sinceramiento tarifario”. Fue luego de la interpelación del ministro de Energía, Juan José Aranguren, en Diputados.
“Ningún fueguino puede avalar el tarifazo tal como fue planteado desde el principio. Ni para los hogares ni para las pymes o la industria”, aseguró enfáticamente la senadora Boyadjian. “Realmente todo este tira y afloja ha dejado a la sociedad más que preocupada, por la grave amenaza que representa para nuestra economía y hasta le diría para nuestra propia subsistencia”, subrayó.
Boyadjián resaltó que “desde un principio consideramos que el tarifazo era un grave error, y que el gobierno nacional debía tener la grandeza de corregirlo. Lanzar una medida drástica de este tipo sin mediar audiencias públicas, sin consenso, no nos parecía atinado y así lo expresamos en mayo por medio de un proyecto de ley de mi autoría para retrotraer las tarifas a las escalas de marzo”
La Senadora insistió en que “el único camino hubiera sido ir hacia subas graduales, no bruscas como las actuales, que encuentran a las Pymes en plena caída de la actividad económica y a la gente en general con pocos recursos para afrontarlas, luego de la escalada de precios del primer semestre”.
“La tarifa diferencial que se vaya a implementar en la Patagonia, en especial en nuestra provincia, realmente tiene que dar cuenta de nuestra cruda realidad climática. Acá realmente el gas es vida”, dijo la senadora en alusión a la consigna del “frazadazo” o movilización popular del mes de junio.
Recordó que Tierra del Fuego no forma parte del Sistema Interconectado Nacional, razón por la que la generación de energía eléctrica demanda la utilización de gas natural. Y concluyó: “como representante de mi provincia en el Senado tengo la responsabilidad institucional de oponerme a lo que me parece injusto. El aumento de tarifas debería haberse enmarcado en un proceso de audiencias públicas previo, y es lo que el Gobierno no parece dispuesto a aceptar”.