El amparo colectivo fue promovido desde la Municipalidad de Río Grande con numerosos actores sociales, a los cuales la Justicia Federal ya los notificó, respondiendo que la vía está “mal cuestionada”.
La jueza federal Mariel Borruto rechazó el pedido de amparo presentado desde el municipio de Río Grande al proceso nacional de licitación hidrocarburífera, que se planteó aduciendo públicamente cuestiones de soberanía.
Más allá de la “declamación patriótica” la presentación objeta el proceso licitatorio por una cuestión “ambiental” vinculada a la posible contaminación de la cuenca marítima argentina.
La presentación se consideró “improcedente” en relación a que esta cuestión está planteada cuando en el proceso licitatorio ni siquiera se han analizado los estudios de impacto ambiental, los cuales por otra parte son indistintos más allá de cual fuere la nacionalidad de los capitales inversionistas.
La revisión de la documentación no encontró otro ilícito en el proceso y el amparo fue rechazado.