Sosa tiene un procesamiento firme por el delito de peculado en la causa que investiga cómo se fraguaron expedientes para simular la compra de insumos informáticos por parte del Estado al comerciante Ariel Arrébola, por un valor de 1.753.530 pesos con 94 pesos centavos, que incluían un monto en concepto de intereses y se distribuían en 11 facturas.

Hasta el momento, el único “arrepentido” del caso había sido el propio Arrébola, quien confesó la cesión de facturas del negocio Compuline a los funcionarios involucrados, para poder perpetrar el ilícito.

Pero en diciembre pasado, fue Sosa quien se presentó en Tribunales y admitió su participación en el negociado con Letras, según reveló ayer el portal Reporte Austral.

De acuerdo a este medio, el ex ministro admitió una participación activa en la maniobra e involucró a otros dos co-imputados, la agente Ana María Danna y el ex Tesorero y Contador General Raúl Iglesias, también procesados en la causa.

El ex funcionario -según publica El Diario del Fin del Mundo- sostuvo que Danna le propuso el negocio, al contarle que “tenían un expediente armado para la entrega de computadoras pero que estaba dormido y lo podían sacar”.

También mencionó que fue Danna quien le habló de la necesidad de contar con un proveedor que prestara facturas y que él mismo (Sosa) propuso a Arrébola.

Por su parte de Iglesias señaló que “emitió las Letras y participó de su distribución”.

En uno de los momentos más saliente de su relato, Sosa aseveró que Arrébola se quedó con 800 mil pesos en Letras y nunca le dio su parte (pautada en 300 mil, de los cuales le correspondían 100 mil a Danna y 100 mil al director contable del Ministerio de Economía, Horacio Medone, otro procesado en la causa). También detalló que los otros 900 mil pesos en Letras “se los quedó Medone y de allí le tenía que dar su parte a Iglesias”.

En contraposición con esta nueva declaración, Arrébola había admitido recibir solamente 300 mil pesos, mientras que dijo que el resto había quedado en poder de Sosa.

Además, el dueño de Compuline había dicho que fue Sosa quien le propuso efectuar algunas operaciones con el gobierno provincial, y quien le dijo que para ello, tenía que entregarle un talonario de facturas en blanco. El ministro se encargaría de llenarlas y de concretar la operación. Luego lo llamaría para cobrar, y para quedarse con un porcentaje de lo facturado.

Arrébola asegura que le entregó el talonario a Sosa en mano, en el interior de su negocio y en horas de la tarde. Era octubre del año 2007. También sostiene que hasta ese momento, pensaba que se trataba de operaciones legales, que se iba a prestar un servicio concreto, y que él se iba a quedar con una ganancia.

El caso se remonta al 22 de enero de 2008, cuando los legisladores del ex ARI radicaron ante la Justicia de Ushuaia una denuncia penal, solicitando que se investigaran presuntos delitos cometidos en la operatoria de pago con Letras de Tesorería.

La investigación judicial demostró que en julio de 2007, el Ministerio de Economía abrió siete expedientes administrativos cuyo único fin habría sido sustraer dinero público. Los trámites fueron caratulados y se les realizó una imputación preventiva de fondos a cuatro de ellos, para garantizar que tuvieran respaldo presupuestario. Después quedaron en un cajón hasta el 10 de diciembre, en que les efectuaron imputaciones preventivas a los tres expedientes restantes.

El juez comprobó que el 13 de diciembre, para dar apariencia de legalidad a la maniobra, se suscribieron resoluciones falsas de la Secretaría de Contrataciones y Suministros, aprobando gastos por servicios que jamás se prestaron. Los documentos se habrían impreso desde una misma computadora ubicada en el Ministerio de Economía, que fue individualizada durante la investigación. Incluso se simuló un giro de los expedientes a través del sistema informático de Gobierno, cuando en realidad, los papeles nunca se movieron de la oficina original. Las resoluciones, además, tenían firmas falsificadas.