El ministerio de Educación reclama en la justicia civil un monto superior a 206 mil pesos que, sostiene; la secretaria de Asuntos Sociales cobró en forma indebida como parte de sus haberes de docente por un año, cuando ya había asumido como funcionaria municipal. Castillo efectuó un pago en sede judicial del dinero reclamado y sostuvo que licenció su cargo docente oportunamente. Aún no hay acción penal concreta.

La demanda en el juzgado Civil y Comercial 2 del Dr. Aníbal López Tilli, fue iniciada el pasado 21 de abril por parte de abogados del Ministerio de Educación, dentro del cual ya se sustanció un sumario administrativo contra la profesora Gabriela Castillo, actual secretaria de Asuntos Sociales de la Municipalidad de Río Grande.

El Gobierno reclama por medio de esta medida una suma de 206.806 pesos, en concepto de haberes supuestamente cobrado en forma indebida por Castillo, entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012.

Castillo era docente y en diciembre de 2011 licenció el cargo para asumir a cargo de la secretaría de Asuntos Sociales, aunque cobró paralelamente por un año más sus haberes como docente.

El reclamo judicial sostiene que el 24 de junio de 2014 se le reclamó a Castillo la devolución de ese monto de dinero y no hubo respuesta al requerimiento.

La demanda civil busca ahora recuperar el dinero cobrado en forma supuestamente indebida, más intereses y costas judiciales.

Devolución

Ante la presentación Castillo se presentó judicialmente y dejó consignada en la Justicia la suma de dinero reclamada, según su defensa antes de que se conociera de la demanda civil.

En ese sentido la funcionaria sostiene en su defensa legal que se licenció su cargo docente por un puesto de mayor jerarquía, como era asumir la secretaría de Asuntos Sociales en la Municipalidad de Río Grande, por lo que muestra que no hubo dolo en seguir percibiendo sus haberes, lo que ocurrió por una desprolijidad administrativa del propio ministerio de Educación.

Aún no hay acción penal

Más allá de la demanda civil y el sumario administrativo, la mayor atención está centrada en las posibles consecuencias penales de lo sucedido.

Al ingresar la demanda civil, el caso tomó contacto con un fiscal, el cual al revisar el expediente percibió la posibilidad de la existencia de algún delito, que podría configurar la defraudación a la administración pública.

De oficio, desde la fiscalía se actuó y se pidió copia de lo actuado en la faz civil para ser girado al Fiscal Mayor, el Dr. Guillermo Quadrini.

Este fiscal aún tiene en su escritorio las actuaciones a fin de tomar la decisión si requerirá, o no, instar la acción penal en caso de considerar que esté configurado delito alguno.

Ni el Gobierno ni el Fiscal de Estado que patrocinaron la demanda civil, efectuaron denuncia penal, a la que estarían obligados en caso de estar en conocimiento de la existencia de delito alguno.