El pedido de pena fue menor al esperado y hubo decepción entre algunos de los damnificados presentes.

El alegato del Fiscal Mayor Martín Bramatti consideró que 90 de los 97 hechos investigados se dieron “entre diciembre de 2022 y el 15 de agosto de 2023”.

“Acá solo estamos considerando los fondos que él recibió, no el dinero e intereses que prometió devolver”, dijo el Fiscal respecto de la suma final determinada por “las denuncias, las declaraciones testimoniales, los mutuos firmados y pagarés” reconocidos todos ellos por el imputado.

Consideró la fuga que protagonizó tras las denuncias como otro agravante, “que no sepamos hoy donde está el dinero quiere decir que toda esta situación fue planificada de antemano, cuando ni siquiera estaba inscripto en AREF”.

“Las operaciones se hacían en la comisaria de Género y en el estudio jurídico lo que daba la impresión de transparencia, solvencia y seriedad”, agregó el fiscal acusador.

Tras todos estos fundamentos el fiscal consideró atenuantes el reconocimiento de los hechos y de todas las operaciones por parte del imputado y la falta de antecedentes. Como agravante la extensión del daño causado y pidió 6 años.

El Tribunal pasó a un cuarto intermedio para el lunes en que alegará el defensor.