Según El Diario del Fin del Mundo, las medidas ordenadas por la jueza penal María Cristina Barrionuevo incluyen al menos dos exhortos para ser cumplidos por magistrados de Buenos Aires, además de pruebas documentales tanto fuera como dentro de la isla. Algunas de esas diligencias ya se remitieron y resta su análisis por parte de los funcionarios intervinientes, entre ellos el fiscal mayor Guillermo Massimi.

Los funcionarios que viajaron al país asiático fueron el ex ministro de Economía, Roberto Crocianelli, y el actual secretario de Hidrocarburos, Eduardo D´andrea. Lo hicieron para mantener reuniones vinculadas con el proyecto de inversión china en la isla, materializado luego a través de la empresa Tierra del Fuego Energía y Química, de capitales estatales y privados.

La firma se presentó meses después a una licitación pública internacional que derivó en la suscripción de un contrato a 25 años por la venta de gas de regalías, proceso que también fue convalidado por la Legislatura.

Lo que la Justicia investiga es si el Estado fueguino, a través de sus autoridades, aceptó el pago de pasajes y estadía en China por parte de quienes luego se beneficiaron con un negocio millonario.

Hasta el momento, el argumento expresado tanto por fuentes del gobierno como por directivos de la empresa, es que la comitiva fueguina viajó invitada por el Estado chino, dado que por entonces la compañía ni siquiera estaba constituida y por lo tanto se trató de gestiones previas entre ambos gobiernos.

El presidente de TDFEyQ, Fernando Lin, declaró como testigo en la causa el 10 de noviembre del año pasado, y allí sostuvo que el viaje fue pagado por el Estado asiático.

Unos días más tarde, la agencia de turismo de Buenos Aires donde se compraron los pasajes corroboró esa versión a través de documentación remitida a Tierra del Fuego. De allí se desprendió que los boletos aéreos fueron comprados a un precio de 37 mil pesos y pagados en efectivo.

No obstante, las dudas persistieron porque la empresa Aerolíneas Argentinas había informado al mismo juzgado donde se tramita el expediente, que parte de los pasajes se habían abonado con dos tarjetas de crédito.

Incluso uno de los titulares de esas tarjetas fue encontrado y negó conocer a Lin, a la empresa china y a los funcionarios fueguinos. Y hasta dijo que había extraviado la tarjeta.

Para sumar confusión al proceso, el banco emisor del plástico respondió un primer oficio sosteniendo que la tarjeta nunca fue denunciada como extraviada y que estaba en vigencia. Y con posterioridad dio a entender que tal vez esa tarjeta fue reemplazada por otra como producto de una renovación.

En tanto, la otra tarjeta involucrada se estableció que operaba a través del Banco Provincia de Buenos Aires pero que su titular tenía domicilio en la provincia de Santa Fe.

Por ello –indica el matutino- el juzgado dispuso nuevas medidas de prueba. Entre ellas ordenó que se le tome declaración testimonial al responsable de la agencia de viajes donde se compraron los pasajes y al dueño de la tarjeta de crédito supuestamente extraviada.

Además, se le pidió a la empresa Visa los originales de los cupones de la transacción comercial, a los efectos de verificar quién o quiénes figuran como firmantes de las operaciones.

En forma paralela, la Justicia también envió un oficio al Gobierno para que informe la nómina de autoridades que fueron comisionadas para realizar el viaje a China y copia de los instrumentos formales vinculados con esa comisión.

Estas son las medidas cuyos resultados están siendo remitidos ahora al Juzgado y que definirán los pasos a seguir en el marco de la causa, indicaron las fuentes.

Con estos datos cruzados, la Justicia debe tratar de explicar ahora cómo, si Lin pagó los pasajes en efectivo en una agencia de viajes, los boletos aparecen cancelados, en parte, con tarjetas de crédito ante Aerolíneas Argentinas.