La UOM nacional y de Ushuaia avalaron el congelamiento de sueldos, pese a la resistencia en Río Grande. Las dos representaciones del gremio metalúrgico se presentaron en el Ministerio de Trabajo para pedir la homologación el convenio con la Nación y los fabricantes. Las diferencias derivará ahora en una controversia legal respecto de si el acuerdo debe o no ser homologado.

El secretario gremial de la UOM nacional, Abel Furlan, el secretario general de la UOM Ushuaia, Héctor Tapia, y directivos de las empresas radicadas en la capital se presentaron en el Ministerio de Trabajo de la Nación solicitando la homologación del congelamiento salarial hasta 2020, que también incluye el compromiso empresario de no producir despidos en ese mismo período.

Horas más tarde también se presentaron ante la cartera laboral integrantes de la UOM nacional y miembros de la Asociación de Fabricantes Argentinos de Terminales de Electrónica (AFARTE), también para requerir que el acuerdo de noviembre sea homologado.

Por último, una tercera presentación fue realizada por el propio Furlan pero esta vez con el acompañamiento del secretario general de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, quien hizo saber la decisión de la seccional de solicitar que el compromiso no sea convalidado por las autoridades laborales.

De esta forma, mientras que en Ushuaia todas las partes se expresaron por la oficialización del acuerdo, en Río Grande existe el aval del sindicato nacional y de la cámara empresarial del sector, pero no así del sindicato, que este miércoles se movilizó y anunció un plan de lucha para oponerse a “la política industrial del Gobierno”.

El Ministerio de Trabajo debe resolver ahora, frente a ese panorama, si homologa el congelamiento al entender que todas las partes prestaron conformidad, o si lo rechaza en función de la presentación de la UOM de Río Grande.

El compromiso de no discutir salarios en la industria fueguina desde junio de 2018 a junio de 2020 surgió luego de una negociación de la que participaron funcionarios del gobierno nacional y el provincial, empresarios y sindicatos, donde se fijaron pautas para mejorar la competitividad del régimen industrial y lograr una disminución del precio final de los productos electrónicos, mucho más caros en el país que en el exterior.

En ese contexto, las autoridades nacionales aceptaron modificar el anteproyecto de reforma fiscal y establecieron una disminución gradual de los impuestos internos a los productos que no se fabrican en la isla.

Pero, luego la Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande anunció que “no homologará” y por lo tanto dejará sin efecto el acuerdo suscripto con la cámara de empresas electrónicas, que estipulaba el congelamiento salarial por dos años para los trabajadores del sector.

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