El Superior Tribunal de Justicia de la provincia resolvió a favor de la declaración de certeza presnetada por el Gobierno de la provincia por el cobro del Impuesto inmobiliario, que históricamente cobran las municipalidades. La decisión judicial trasciende al mismo tiempo que la Gobernadora convocaba al diálogo, incluidos los Intendentes, frente a la reforma fiscal que impulsa la Nación.Cabe recordar que el Gobierno de Tierra del Fuego decidió quedarse con el impuesto que cobran las municipalidades, por lo que envió una proyecto a la Legislatura, el que fue aprobado por los Legisladores en la polémica sesión levada adelante el 8 y 9 de enero de 2016, cuando además aceptaron la conformación del Fondo Solidario y Social.

Desde los municipios de Ushuaa y Río Grande plantearon su malestar y advirtieron el impacto en las finanzas municipales sería muy grande, sumado a la pérdida de autonomía.

Ante esta disputa, desde el Gobierno se decidió no abrir instancias de dialogo y acudir al ámbito judicial. De manera paralela los Legisladores convocaron a los municipios, pero decidieron no avanzar en la modificación de la polémica Ley que había aprobado previamente.

Si bien el tema está judicializado desde el año pasado, recién en el día de ayer emitieron su decisión, en el medio de una semana compleja donde la prioridad debía ser la defensa de la industria fueguina y la soberanía.

“Nos llaman a sentarnos a dialogar y traer trabajo conjunto, y al mismo tiempo promueven este tipo de declaración por parte de la Justicia para quedarse con fondos municipales. Es contradictoria, como el discurso político de los funcionarios provinciales”, sostuvo una alta fuente municipal.

 

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