El hecho tuvo lugar en San Sebastián en mayo del 2014 y fue un escándalo a partir de que se vieron envueltos una inspectora de tránsito y un oficial de la Policía de Río Grande, quienes incluso se valieron de un móvil policial para traspasar la carga.

Este increíble episodio involucró a la inspectora de Tránsito de la Municipalidad de Río Grande, Mónica Ojeda, y al oficial de la Policía Provincial, el principal Gustavo Franzen, quien luego de ese episodio fue separado de sus funciones.

Ojeda fue demorada ese día por personal de Aduana y Gendarmería en el paso fronterizo, quienes la tenían detectada a partir del constante movimiento hacia Punta Arenas, y sospechas por la venta de mercaderías por redes sociales.

Ojeda no traía mercaderías consigo, pero luego se constató que hizo su paso el patrullero del destacamento policial en San Sebastián, el cual aparentemente había cruzado para “levantar la carga” dejada en la ruta.

Al mando del mismo fue demorado el oficial de Policía, Gustavo Franzen, quien llevaba todo tipo de mercaderías en la caja del móvil, en clara connivencia con la infractora.

El caso este miércoles va a juicio en el Tribunal Oral Federal en razón de que no pudo salir por omisión de debate, como incluso aceptó la fiscalía, ya que el delito ventilado es de “contrabando agravado” por la calidad de funcionarios públicos de los dos imputados.

Ese delito tiene un mínimo penal de 4 años de prisión por lo cual ambos imputados deberán comparecer desde este lunes ante el tribunal en la ciudad de Ushuaia.