El caso es federal por que se trataba de fondos nacionales que entre 2013 y 2014 llegaron para el colegio Soberanía Nacional de Río Grande. Nunca pudieron ser recuperados por el colegio para sus proyectos educativos y luego la Justicia Federal constató que los habría usado la ex directora Laura Martínez Perín. Irá a juicio oral y público el 15 de noviembre.

La imputada ejerció la dirección del colegio secundario Sobernía Nacional o ex Comercio 2 del barrio de Chacra II en Río Grande; hasta octubre de 2013.

Por ese entonces la directora del establecimiento contaba con el manejo de una tarjeta de debido del sistema SITRARED, que es el Sistema Nacional de Transferencias a Escuelas; por el cual Nación bajaba fondos de distintos programas educativos, en este caso para solventar la continuidad del proyecto técnico profesional de Comunicación Audiovisual con que contaba el establecimiento.

En sus últimos meses antes de entrar en “licencia médica” Martínez Perín había señalado a sus colaboradores que la tarjeta se había perdido, cuestión que tras su salida llevó a su sucesora a tramitar nuevamente la tarjeta.

Allí se descubrió que se habían realizado transacciones con el sistema durante el período en que la tarjeta supuestamente estaba “extraviada” e incluso cuando Martínez Perín ya no era más directora, por lo que se efectuó la denuncia judicial a fin de deslindar responsabilidades.

Al tratarse de fondos públicos todo recayó en la Justicia Federal que determinó procesar a esta docente, actualmente separada del cargo por el ministerio de Educación, y se la llevará a juicio oral y público el próximo 15 de noviembre.

La investigación llevó a determinar que Martínez Perín habría sido la responsable del uso de esa tarjeta con fondos nacionales lo que la hace responsable eventual de un delito federal por ello deberá responder ante el Tribunal Oral de la Justicia Federal en Ushuaia.

Asimismo a su salida del establecimiento educativo mencionado, se determinó además la faltante de numeroso equipamiento e incluso se constataron anotaciones en libros de actas sobre pagos de “matrícula” que se cobraba a muchos padres para inscribir a sus hijos, algo inédito en una institución pública y de lo cual se desconoce el destino de ese dinero recaudado.

El ministerio de Educación de aquel entonces, tuvo una total falta de control administrativo de lo que debía ser la rendición de esos gastos, permitiendo de esta manera la extensión en el tiempo del uso delictual de esos fondos educativos que no llegaron a los chicos.

Compartir