En el comunicado los legisladores Manuel Raimbault, Verónica De María, Élida Deheza y Osvaldo Lopez afirman que “no es saludable a las instituciones de la democracia, integrar la Legislatura con personas que, al estar factiblemente sospechadas de haber cometido tan aberrante hecho, no sólo dañan la legitimidad que debe caracterizar la relación entre un pueblo y su gobierno, sino que pueden generar un peligroso antecedente de impunidad política que, lejos de promover el avance de la sociedad hacia el ideal de que todos somos iguales ante la ley, termine tributando a un orden social en el cual quepan privilegios absolutamente intolerables desde la perspectiva de nuestro espacio político partidario”.
El citado artículo constitucional, establece las atribuciones de la Legislatura y en su inciso tercero, faculta a la Cámara a “Corregir y aun excluir de su seno, en este último caso con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, a cualquier Legislador por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, por indignidad o por inhabilidad física, psíquica o moral sobreviniente a su incorporación. (…)”.
Tal cual lo adelantó Actualidad TDF, los camaristas de la Sala Penal ratificaron el pasado 28 de marzo el fallo de primera instancia de la jueza de Instrucción, María Cristina Barrionuevo, en relación al caso en el que se encuentra imputado el legislador por el Movimiento Obrero, Luis del Valle Velázquez.
Los magistrados avalaron la resolución de la jueza confirmando el procesamiento contra Velázquez por la figura del “homicidio preterintencional”, el cual se encuentra en un estadío intermedio entre el homicidio con dolo o intención y el culposo o sin intención.
El delito tipificado en esta causa es excarcelable, por lo que de momento el parlamentario no perderá su libertad, ya que el “homicidio preterintencional” indica que hubo una intención de agredir aunque no de de generar el resultado finalmente causado, como fue la muerte.