El disparador fue el caso de Andrea González Paduán, condenada a 16 años de prisión por el asesinato de su hijo recién nacido. Para el Fiscal Fernando Ballester Bidau, a partir de las pericias psiquiátricas se pudo observar que “la imputada sufrió violencia institucional” y el hecho se podría haber evitado. Pedirá a los ministerios de Salud y Desarrollo Social, establecer un protocolo ante casos de mujeres que deciden renunciar a sus hijos al dar a luz.

Más de un tercio de los bebés que son dados en adopción en Argentina son entregados en el propio hospital donde nacen. El caso de la mujer que asesinó en Ushuaia a su bebé recién nacido, por lo cual recibió esta semana una condena de 16 años de prisión, hizo reflexionar sobre lo que ocurre con estas mujeres. De hecho la justicia pretende ahora elaborar un protocolo único para la provincia que determine cómo proceder cuando las madres deciden renunciar a sus hijos dan a luz.

El fiscal Fernando Ballester Bidau dijo que se pedirá a los ministerios de Salud y de Desarrollo Social de la Provincia establecer un protocolo ante casos de mujeres que están por ser madres y que manifiestan no querer a su hijo.

Es a partir del caso de Andrea González Paduán, la mujer que asesinó a su bebé recién nacido y que el lunes fue condenada por un Tribunal a 16 años de prisión.

“En el testimonio de la psiquiatra, ella opinó que la imputada sufrió una violencia institucional y se refería a que ella desde un primer momento pidió o preguntó cómo era el trámite para dar en adopción a su hijo porque no lo quería”, dijo el fiscal en Radio Nacional Ushuaia.

En este orden indicó que “ahí hay algo que falló en lo que se llama los resortes que debe aplicar el hospital o Acción Social, para que no se vuelvan a repetir estos casos”.

Para Ballester Bidau “si hay una persona que está por parir y desde el primer momento dice que no quiere tener a su bebé automáticamente Acción Social debe estar atenta, comunicar al juez de Familia y garantizar la vida de esa persona”.
Se trata de una iniciativa que se impulsa desde la propia Fiscalía, que en los alegatos pidió diez años de prisión para Paduán, una pena mucho menor a la que finalmente resolvieron los jueces. “Vamos a intentar a través de un oficio o como sea de hacer saber al Ministerio de Salud o de Desarrollo que haya un protocolo o poner especial atención en esos casos para evitar que estos sucesos se vuelvan a repetir”, indicó.

Finalmente apuntó que “si una madre no quiere a su hijo está claro que una adopción no se da en horas pero es importante resguardar a ese bebé”.