El Poder Judicial enfrenta por estos días una crisis funcional sin precedente que tuvo hace varios días un hecho inusitado, tras el cual se han producido numerosos cortocircuitos en el sistema penal, en detrimento claro de un servicio de Justicia bastardeado por funcionarios ausentes, que no trabajan en horario inhábiles, y la conducción de un STJ subordinado claramente al Poder político sin pensar en la afectación que a diario sufre el servicio de justicia a dispensar a la gente.

El colmo de las situaciones que a diario sufren los justiciables tuvo lugar el  28 de junio pasado a minutos de concluir el horario de atención al público en tribunales donde el juez de instrucción Raúl Sahade habilitó horario y día para que se corriera vista de una causa a la fiscalía, y ante el reiterado ausentismo del Fiscal Mayor Guillermo Quadrini, la misma debía ser tomada –por estar de turno- por la fiscal Laura Carolina Urquiza.

La causa fue remitida personalmente por el secretario del juez, el Dr. Eduardo Tepedino, acompañado de un empleado del juzgado Lucas Ghio, quien además es Secretario General del gremio SEJUP.

En la fiscalía recibieron una férrea negativa de la secretaria de la misma, la Dra. Georgina Minelli a recibir la causa, con varias evasivas y circunstancias que terminaron con Tepedino y el empleado dejando el recinto de la fiscalía.

Mientras tanto la fiscal Urquiza que estaba al tanto de la situación vía telefónica, se trasladó a la comisaría Tercera a fin de trasladar personal policial hacia la fiscalía, donde señalaba tener problemas “con un masculino”, cuestión que durante el viaje hacia tribunales habría manifestado a un acompañante sabía que se trataba del secretario Tepedino por circunstancias laborales.

Allí se refiere que al ingreso de Urquiza a sede judicial acompañada de los funcionarios policiales hubo un cruce en los pasillos con el Dr. Tepedino y el agente judicial Ghío, donde Urquiza habría manifestado amenazas e incluso la amenaza de detención del funcionario, según se expresa.

Finalmente los denunciantes apuntan a la fiscal por los delitos abuso de autoridad, amenazas coactivas agravadas, incumplimiento de los deberes de funcionario público, requerimiento indebido de la fuerza pública además de prevaricato y hasta privación abusiva de la libertad, ya que ambos funcionarios retornaron a su juzgados escoltados por los efectivos, mientras Urquiza ingresó a la fiscalía.

En cuanto a la secretaria Minelli se apunta a la presunta comisión del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Denuncia al STJ y pedido de jury

Ahora el Fiscal Mayor, el Dr. Guillermo Quadrini que ese día como tantos estaba ausente de tribunales, deberá requerir acusación en contra de su colega, a fin de que el juzgado del Dr. Daniel Cesari Hernández notifique de derechos y garantías a las mencionadas así como disponer medidas de pruebas tales como la testimonial de los numerosos testigos presenciales de lo sucedido, entre funcionarios judiciales de la fiscalía y los propios efectivos policiales que intervinieron desde la comisaría Tercera.

Asimismo pidieron una restricción de acercamiento de Urquiza hacia el Dr. Tepedino y el agente Ghío en razón de considerar la relación de superioridad jerárquica existente entre ella y los mismos a fin de evitar una “persecución” en el lugar de trabajo.

Finalmente la presentación judicial llega incluso a solicitar una pericia psiquiátrica.

Los denunciantes asimismo efectuaron similar presentación ante el Superior Tribunal de Justicia y ante el Consejo de la Magistratura con el correspondiente “jury de enjuiciamiento” a la fiscal Urquiza.

El Superior Tribunal de Justicia a 10 días de este escándalo aún no tomó ninguna determinación.



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